Luego de que los concejales aprobaran la normativa que regula el trabajo del Tribunal de Cuentas, el intendente vetó varios puntos que considera no son legales. Ahora, desde el Concejo aseguran que buscarán insistir con el tema.
En dialogo con Fm Aire Libre, el concejal Raúl Von der Thusen explicó que se votó una normativa luego de un “trabajo serio para la organización del Tribunal de Cuentas, para brindarle más herramientas para poder lograr una investigación real y eficiente respecto a los fondos públicos que manejamos los funcionarios de la ciudad”.
El Edil destacó que entre los puntos aprobados se establecía que “todo aquel funcionario que no envía un expediente ante un requerimientos del Tribunal de Cuentas, va a sufrir una multa del 20% de sus haberes la primera vez y la segunda vez de hasta el 40% de sus haberes”.
Al respecto recordó que “estamos hablando de fondos públicos, es el dinero de todos los vecinos de Río Grande que nosotros tenemos la facultad de administrar”.
Por otro lado consideró que “aprobamos ampliar el tiempo de la prescripción a 3 años” ya que actualmente, al año de pedir la información por el Tribunal de Cuentas, la misma prescribía. “El funcionario podría pedir prórroga tras prórroga y pasado un año ya no era pedido por el Tribunal de Cuentas, por lo que ese expediente no se investigaba”.
Además, “pusimos como plazo para que el Fiscal Auditor y el Legal dure en sus funciones en un año y que pueda se renombrado”, informó.
En cuanto a los vetos, explicó que son “parciales” y que intenta modificar alguno de los artículos, “algunos que tienen que ver con la formalidad y otros que tienen que ver con el fondo de la cuestión”.
«Los informales tienen que ver con algún error de escritura”, pero advirtió que en los de “los fondos”, el Intendente entiende que, “si le ponemos un plazo a los Fiscales para que se vayan renovando cada un año, estaríamos infiriendo en la autonomía del Tribual de Cuentas”.
Además, “vetaron el tema de la multas porque dicen que multas tan altas pueden se confiscatorias”, y opinó que “cuando hablamos de fondos públicos, no hay sanción que alcance”.
“Cuando hablamos de funcionarios públicos no estamos hablando de remuneración, sino que estamos hablando de una dieta, por lo que no debería existir ese tope confiscatorio”, cerró el edil.
