La legisladora justicialista destacó el debate de los proyectos de iniciativa privada, responsabilidad social empresaria y desendeudamiento de empleados públicos, como formas creativas para promover recaudación e inversiones, en tiempos de escasos recursos.
La legisladora provincial del partido Justicialista, Victoria Vuoto, señaló la necesidad de adoptar un enfoque creativo y eficiente para promover inversiones en la provincia de Tierra del Fuego, en un contexto marcado por la escasez de recursos.
En su intervención en FM Master’s, destacó dos herramientas legislativas que actualmente se debaten en la Legislatura: la ley de iniciativa privada y la regulación de la responsabilidad social empresaria (RSE), iniciativas que, según expresó, son fundamentales para generar recaudación y atraer inversiones en infraestructura.
Vuoto subrayó que la actual situación económica y financiera requiere «repensar los esquemas internos de recaudación» y adoptar medidas creativas que permitan a los Estados cumplir con sus obligaciones, a pesar de la reducción de recursos. En ese sentido, enfatizó la importancia de la colaboración permanente entre los actores públicos y privados para hacer frente a los desafíos de inversión. «Se necesita un trabajo en conjunto, permanentemente», sostuvo.
Respecto a las herramientas legislativas propuestas, la legisladora indicó que ambas ya demostraron ser eficaces en proyectos clave en la provincia. Por un lado, mencionó el ejemplo de la residencia para adultos mayores que se construye en Ushuaia bajo la figura de la responsabilidad social empresaria. Por otro, resaltó que las obras en la calle Perito Moreno y el puente en esa misma ciudad se realizaron mediante la ley de iniciativa privada. «Está demostrado que estas dos iniciativas generan infraestructura en las comunidades», afirmó, defendiendo la capacidad de estas figuras para atraer inversiones sin recurrir a exenciones tributarias ni regímenes especiales.
En este sentido, aclaró una confusión habitual al diferenciar la ley de iniciativa privada de otros mecanismos de incentivo fiscal, como el RIGI. «Una iniciativa privada es una forma de buscar inversiones, no hay un régimen distinto para esa inversión en términos tributarios, ni exenciones, ni nada por el estilo», precisó la legisladora, insistiendo en que estas propuestas no deben interpretarse como beneficios fiscales encubiertos, sino como mecanismos legales que permiten a los privados participar en el desarrollo de infraestructura de manera transparente y efectiva.
Vuoto también hizo hincapié en una problemática adicional que afecta a gran parte de la población fueguina: el endeudamiento de los empleados públicos. Según la legisladora, el ministro de Economía le planteó la urgente necesidad de crear una línea de financiamiento que ayude a desendeudar a los trabajadores estatales, cuyas familias se encuentran en una situación crítica debido a los altos costos financieros. «La gente ya no sabe con qué endeudarse para comer, está pagando los mínimos de las tarjetas», alertó, señalando que las tasas de interés elevadas agravan aún más la situación de los trabajadores.
Ante esta realidad, la propuesta de Vuoto consiste en crear un esquema de créditos a tasas bajas y fijas, que permita a los empleados públicos liberarse de las altas tasas bancarias. «Es una muy buena oportunidad para que los empleados dejen endeudarse para comer y puedan comer con su salario, básicamente», sostuvo, destacando la importancia de esta medida para mejorar la calidad de vida de los trabajadores fueguinos.
Finalmente, Victoria Vuoto expresó que la dirigencia política de Tierra del Fuego debe concentrarse en buscar alternativas tanto en términos de recaudación como de inversión, y subrayó que el desendeudamiento de las familias fueguinas debe ser una prioridad. «La actitud de la dirigencia fueguina tiene que estar puesta en pensar alternativas (…) en defensa de lo propio», concluyó.
La postura de la legisladora apunta a generar herramientas concretas que, sin afectar la recaudación fiscal, puedan impulsar la inversión privada y aliviar la presión económica sobre las familias, en un esfuerzo coordinado entre el sector público y privado.
