Amnistía Internacional realizó un relevamiento sobre la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el acceso a la práctica en Tierra del Fuego e indica que no está garantizada en Río Grande por objeción de conciencia profesional.
Un informe elaborado por Amnistía Internacional y publicado este martes bajo el título «Implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tierra del Fuego. Avances y desafíos» advierte que la implementación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo no está garantizada en Río Grande ni Tolhuin.
El informe sostiene que previo a la sanción de la Ley 27.610, el Ministerio de Salud provincial ordenó a través de la resolución 1673/2020 la conformación en toda la provincia de equipos interdisciplinarios para dar respuesta a la demanda de ILE en el Hospital Regional de Ushuaia, en el de Río Grande y en el Centro de Atención de Tolhuin.
En este sentido, desde 2020, Ushuaia, Río Grande y Tolhuin cuentan con un consultorio interdisciplinario para la atención de interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, Amnistía señala que Tierra del Fuego «enfrenta numerosos desafíos para acceder al aborto».
Según datos del informe, desde la sanción de la ley de Aborto Legal a octubre de 2022 se garantizaron 912 IVE/ILE en Tierra del Fuego, de acuerdo a la información aportada de manera oficial por el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva provincial.
A pesar de estas cifras, Amnistía Internacional señala que en la provincia «la implementación de esta política pública sanitaria es deficitaria -a gran medida- por la omisión del Ministerio de Salud provincial de adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a dicha prestación de salud en condiciones de calidad, dignidad y seguridad».
Como puntos centrales, el informe indica:
En Río Grande
– La falta de profesionales no objetores de conciencia en el Hospital Regional de Río Grande (HRRG)
– La sobrecarga de trabajo de algunos profesionales que genera demoras o incluso la obstrucción o directamente el impedimiento del acceso al aborto legal
– El costo que deben enfrentar las mujeres que se ven forzadas a trasladarse a Ushuaia por temor a recibir malos tratos o enfrentar barreras en el HRRG
«El Hospital regional de Río Grande niega el acceso a la práctica del aborto debido a que los 13 médicos profesionales que conforman el servicio de tocoginecología son objetores de conciencia», es lo que remarca el informe de Aminstía.
En Ushuaia
– Sobredemanda en el Hospital Regional de Ushuaia, lo que repercute directamente en la calidad de la atención
– Dificultades para acceder a la práctica por demanda espontánea: cuello de botella y demoras
– Barreras de atención post aborto
– La falta de información sobre deberes y responsabilidades de los profesionales de la salud.
Como resultado,»las mujeres que deben acceder a un aborto tienen que trasladarse a Ushuaia. El equipo médico del hospital regional de la capital recibe a pacientes de toda la provincia y es el único que garantiza el acceso al aborto en el segundo trimestre de gestación».
Como consecuencia, «la situación genera una sobrecarga en el equipo médico de Ushuaia, que absorbe toda demanda sin la correspondiente asignación de infraestructura y recursos del Estado provincial».
En resumen, la situación «obliga a las personas a trasladarse, con costos indebidos, demoras y riesgos en su salud».
