Raúl Paderne, abogado representante legal de algunas empresas textiles en Tierra del Fuego, anunció por FM Master’s la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la prórroga del sub régimen establecido en la Ley 19640.
Paderne argumentó que los decretos regulatorios asociados a esta prórroga exceden las facultades constitucionales y, por lo tanto, son inválidos.
«Se trata de algunas empresas textiles, no de todas. Vamos a litigar, estamos terminando la demanda, en este momento estoy trabajando precisamente con eso», dijo el abogado, quien señaló que los decretos regulatorios, desde el 998 de 1998 hasta el actual 59423, excedieron las facultades delegadas en el artículo 32 de la Ley 19640, que vencieron en 2010.
Argumentó que todas las modificaciones realizadas después de este vencimiento carecen de validez constitucional: «Tenemos en claro que este decreto de Fernández no tiene, bajo ningún punto de vista, posibilidad de prosperar, ni el de los textiles, ni ninguno».
Paderne destacó que el sub régimen de la Ley 19640 permite a las empresas no pagar impuestos por importaciones y recibir beneficios impositivos a cambio de transformar los productos en la isla. Pero la imposición de límites temporales a esta ley excede las facultades legislativas y genera desigualdades entre los sectores beneficiados.
«Esto va a ser una ardua batalla. Va a ser un proceso largo» vaticinó Raúl Paderne.
El abogado anticipó que la acción de inconstitucionalidad se presentará ante el Gobierno nacional, buscando invalidar los decretos asociados a la prórroga del sub régimen. Incluso Paderne advirtió que subyace la posibilidad de derogación de la Ley 19640 mediante un decreto presidencial, algo que sería a todas luces inconstitucional, ya que la creación y modificación de leyes es competencia exclusiva del Congreso de la Nación.
En definitiva, empresas textiles en Tierra del Fuego, representadas por Raúl Paderne, están impulsando la acción legal argumentando la inconstitucionalidad de la prórroga del sub régimen en la Ley 19640. La lucha se centra en la preservación de los beneficios impositivos y la defensa de la legalidad constitucional en la creación y modificación de leyes.
