La legisladora Gracianía expresó la decidida oposición del bloque al proyecto modificatorio, mediante el cual menores a partir de los 13 años podrían realizar cambios registrales sin la intervención de los padres.
La Legislatura de Tierra del Fuego se encuentra ante una controversia que gira en torno a un proyecto de modificación de la ley que regula los registros civiles provinciales, cuya propuesta central es permitir que menores de 13 años en adelante puedan realizar cambios registrales, vinculados principalmente a su identidad de género, sin la intervención de sus padres o representantes legales.
La legisladora provincial Natalia Gracianía, integrante del espacio político La Libertad Avanza, por FM Master’s se manifestó enfáticamente en contra de esta iniciativa, expresando su rechazo a través de múltiples plataformas.
En sus declaraciones, argumentó que la propuesta «es abiertamente inconstitucional, no respeta los derechos de los padres a llevar adelante la educación, los valores de sus hijos y acompañarlos en el proceso de crecimiento».
Según la legisladora, la normativa implicaría una interferencia estatal que «prácticamente saca a los padres de un proceso como éste, en el que los padres tienen que estar presentes».
El punto más controvertido del proyecto radica en las disposiciones que permitirían a menores de entre 13 y 16 años realizar cambios en sus registros sin el consentimiento parental, con un enfoque que Gracianía interpreta como «un avance que va más allá de la Ley Nacional de Identidad de Género».
Según expresó, esto vulnera tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que «aseguran a los padres un rol preponderante en la vida de sus hijos». En esta línea, consideró que estas modificaciones podrían derivar en «la hipersexualización de los niños» y en una desprotección de los menores frente a decisiones cruciales.
Gracianía también destacó su preocupación por el proceso legislativo que dio lugar al dictamen favorable al proyecto en una de las comisiones parlamentarias. Según afirmó, «se convocó el viernes la Comisión a última hora y en el día de ayer se logró dictamen de una sola de las comisiones». Al respecto, subrayó que el proyecto aún carece del aval de la Comisión 2, que resulta clave para su tratamiento legislativo integral.
La legisladora sostuvo que «es dejar al arbitrio del Estado la posibilidad, o en este caso de un trabajador del Registro Civil, de definir si un niño está en condiciones de realizar un cambio registral». Para ella, decisiones de esta naturaleza deben contar con la guía y el acompañamiento de los padres, quienes «son los que más conocen a sus hijos y los que mejor pueden resguardarlos». En este sentido, aseguró que «los niños no solamente son sujetos de derecho, también son sujetos de cuidado», una visión que considera incompatible con los cambios propuestos.
El proyecto impulsado desde Forja, según Gracianía, refleja «una mirada respecto de los cambios que pretenden hacer» con la que su espacio político no coincide. «De ninguna manera nosotros tenemos la misma mirada y estamos verdaderamente preocupados», afirmó.
Para la legisladora, esta iniciativa legislativa abre una puerta a «problemas que pueden generar muchísimos inconvenientes para los niños y los jóvenes», dejando en evidencia su profundo desacuerdo con los fundamentos y la viabilidad del proyecto.
Por ello, ratificó que defenderá públicamente su postura y que alertará sobre las posibles implicancias legales y sociales de esta propuesta, que, de ser aprobada, marcaría un cambio significativo en la normativa provincial.
