El legislador de Somos Fueguinos, refirió que nuestra constitución es joven y que antes que cambiarla primero hay que cumplirla y respetarla. “Soy un convencido que lo único que se perseguía era la reelección, y crear un feudo”, dijo.
El legislador Jorge Lechman, del partido Somos Fueguinos, expresó una postura crítica respecto a la iniciativa de reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial de Tierra del Fuego. Según dijo en FM Master’s, el objetivo principal de dicha reforma no es otro que habilitar la reelección del actual gobernador, una intención que, en su opinión, va en contra de los principios democráticos y de la Constitución de la provincia.
Lechman presentó, como ciudadano particular, una requisitoria de certeza ante el Superior Tribunal de Justicia, buscando clarificar la legalidad y constitucionalidad de las normas que regulan el proceso de reforma. A pesar de que la respuesta del tribunal fue favorable en términos formales, el legislador subraya que el verdadero propósito de su acción legal es «ubicar un árbitro» debido a la falta de respuestas políticas ante el proyecto de abrogación de la ley 1529 que su partido había presentado.
En su análisis, resaltó que la presentación tiene su fundamento en la «inconstitucionalidad de la norma», argumentando que la ley 1529 viola la Constitución Provincial al no respetar ciertos requisitos estipulados en el artículo 194. Esta ley, además de ser considerada inconstitucional, fue acompañada de un decreto de convocatoria que, según Lechman, también presenta irregularidades al ser publicado 214 días después de la sanción de la ley, cuando debería haber sido publicado dentro de un plazo de 210 días.
El legislador enfatizó que su accionar no tuvo como objetivo perjudicar al gobernador ni confrontar a los poderes del Estado, sino que responde a su deber como ciudadano y legislador de «velar por el cumplimiento de la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego». Sostuvo que la ley 1529, en su forma actual, vulnera la Constitución desde el momento en que el decreto de convocatoria le otorga vigencia.
Una de las críticas más fuertes que realizó Lechman se dirigió hacia el proceso legislativo, donde, según él, «pares nuestros no permitieron que la ley se traslade de comisión a sesión», impidiendo así que el proyecto fuera debatido. Además, denunció que en la comisión ni siquiera se puso en agenda para ser discutido, lo cual consideró un hecho grave y una falta de respeto no solo hacia su bloque político, sino hacia toda la política en general.
Lechman argumentó que las comisiones legislativas tienen la «obligación de tratar todos los proyectos de todos los legisladores, sin importar el bloque y sin importar el contenido«. En su opinión, la falta de debate sobre proyectos importantes refleja una actitud autoritaria, en la que se impone la mayoría sin siquiera considerar las propuestas de otros bloques. Este comportamiento, a su juicio, es inaceptable en una «casa política» como el poder legislativo, donde todos los proyectos, independientemente de su viabilidad, deberían ser discutidos.
En cuanto al contenido de la reforma, Lechman destacó la falta de explicación y debate sobre los cambios propuestos. Según él, cuando se trata de modificar la Constitución, «la ley máxima que nos rige a todos los ciudadanos de la provincia. Mínimamente merece el debate de todos, mínimamente uno debería por lo menos poder decir “che tal articulo lo quiero modificar por tal articulo y no traer 70 artículos sin decir qué reformamos”, se debería haber dado un debate amplio y detallado que involucrara a todos los actores legislativos y sociales. Sin embargo, criticó que se haya propuesto cambiar un 30% de la Carta Magna, incluyendo 70 artículos, sin justificar adecuadamente las razones detrás de tales modificaciones.
Finalmente, Jorge Lechman concluyó su crítica señalando que «esto lo único que perseguía era la reelección», y acusó al gobierno de intentar crear “un feudo» al cambiar artículos clave de la Constitución que actualmente prohíben la emisión de cuasi monedas, la toma de empréstitos para gasto corriente y el castigo a funcionarios que generen perjuicio, entre otros tantos. Para él, estos cambios no solo son inconstitucionales, sino que también representan una amenaza a la transparencia y estabilidad financiera de la provincia.
