Lo advirtió la legisladora Victoria Vuoto, quien presentará la fusión entre dos proyectos de incentivo: el de la inversión privada tradicional, y el que impulsa la Responsabilidad Social Empresaria.
La legisladora del Partido Justicialista (PJ), Victoria Vuoto, anunció que su bloque impulsará la fusión de dos propuestas legislativas vinculadas a la obra pública, con el fin de crear un marco regulatorio que contemple tanto las inversiones privadas tradicionales como la responsabilidad social empresaria (RSE). Vuoto, por FM Master’s, destacó la importancia de integrar ambos enfoques para fomentar una mayor participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura pública.
Según explicó la legisladora, uno de los proyectos es promovido por el oficialismo, que busca incentivar las inversiones privadas en la construcción de infraestructura mediante el modelo de iniciativa privada, una figura que permitiría a las empresas desarrollar proyectos a su propio costo y riesgo, para luego explotar la infraestructura durante un periodo determinado como medio para recuperar su inversión. “La iniciativa privada es un proyecto del oficialismo que receptó la observación de la Unión Industrial Fueguina”, comentó Vuoto.
Por otro lado, el PJ propone complementar esta iniciativa con su propio proyecto, que se centra en la Responsabilidad Social Empresaria, una modalidad en la que las empresas participan en el desarrollo de infraestructura sin obtener una ganancia directa. “En la Responsabilidad Social Empresaria, el privado no tiene una ganancia por la infraestructura que dona al Estado, la hace con justamente con la figura de la solidaridad”, explicó Vuoto. La legisladora también subrayó que esta práctica es común entre grandes empresas, que suelen aprovechar las acciones de responsabilidad social para mejorar su imagen corporativa y acceder a financiamiento internacional. En Ushuaia, la empresa Newsan es un ejemplo de este modelo, habiendo construido el nuevo edificio de Zoonosis mediante la RSE.
El objetivo del PJ es unificar ambas propuestas en un único régimen de inversiones privadas para infraestructura pública. De esta manera, las empresas podrían contribuir al desarrollo de obras que luego quedarían en manos del Estado, ya sea como parte de su compromiso con la comunidad o como parte de una inversión tradicional. “El objetivo es unificar los proyectos, que podamos crear un régimen de inversiones privadas para infraestructura pública”, explicó, y añadió que la propuesta permitiría a las empresas desarrollar infraestructura que quedará en el ámbito público.
En cuanto a la discusión del presupuesto provincial, Vuoto indicó que el bloque justicialista está esperando la presentación de un nuevo proyecto por parte del Ejecutivo provincial, que refleje los ajustes necesarios para alinearlo con el presupuesto nacional. “El proyecto de presupuesto que mandó el Ejecutivo, estábamos haciendo un informe con el área económica, pero la indicación que yo le di a mis equipos es que no sea tan detallada porque va a llegar un nuevo proyecto del Ejecutivo, seguramente”, señaló. La legisladora explicó que cada año el presupuesto provincial sufre modificaciones después de la presentación del presupuesto nacional, lo que también afecta a los municipios.
Finalmente, la legisladora Victoria Vuoto abordó la posible adhesión al Régimen de Iniciativa y Gestión Inmobiliaria (RIGI) a nivel provincial. En realidad, manifestó que no parece haber intenciones del gobierno local de adherir a dicho régimen, ya que podría poner en riesgo el régimen de promoción industrial establecido por la Ley 19640, que es clave para la economía de la provincia. “Tengo entendido que a nivel provincial no habría intenciones de adherir al RIGI, porque aparte podría poner en riesgo la supervivencia del régimen de la 19640”, afirmó. Además, destacó que el Ejecutivo no contempla la adhesión al RIGI en su proyecto de iniciativa privada, y que dicha postura ha sido consistente dentro del oficialismo.
Finalizó advirtiendo que la reciente adhesión del Concejo Deliberante de Ushuaia perdería toda funcionalidad: “Por ende, la adhesión que hagan los municipios no tiene ninguna validez jurídica, si la provincia no adhiere” dijo por último Victoria Vuoto.
