Río Grande ocupa el quinto lugar entre las ciudades con mayor gasto político en Argentina. Además, se ubica segunda en el ranking de costos per cápita, con $33.100 anuales.
Según un informe de la Fundación Libertad, que analizó los presupuestos de 55 ciudades argentinas, Río Grande ocupa el quinto lugar en el ranking de municipios con mayores erogaciones.
Este gasto también se traduce en un impacto significativo por habitante, ubicándose en $33.100 al año, lo que la coloca como la segunda ciudad con mayor gasto legislativo per cápita, sólo superada por Río Gallegos, que alcanza los $38.578.
El informe, elaborado por esta entidad privada dedicada a la investigación en políticas públicas, destaca que, en promedio, cada concejal de las ciudades relevadas costó $129,4 millones en 2024, cifra equivalente a $10,8 millones mensuales.
Sin embargo, el caso de Río Grande excede ampliamente este promedio, alineándose con otras ciudades como Posadas ($429 millones por concejal) y Rosario ($285,6 millones).
Río Grande, aunque no figura entre los municipios con mayor porcentaje asignado, la cifra absoluta de $363,3 millones por concejal refleja una carga considerable para sus finanzas locales y para sus habitantes.
Un dato que resalta del informe es la disparidad en la relación entre el gasto y la población. Mientras ciudades como La Matanza destinan $1.258 por habitante al funcionamiento de su Concejo, el gasto per cápita de Río Grande supera en más de 26 veces esta cifra, lo que evidencia un desequilibrio en la distribución de los recursos destinados a la política local.
En términos absolutos, Río Grande sigue a ciudades como San Miguel de Tucumán ($668,3 millones por concejal) y Río Gallegos ($639,3 millones). Sin embargo, es llamativo que el gasto de la ciudad fueguina sea también significativamente superior al de Córdoba ($285,1 millones por concejal) y Resistencia ($254,4 millones), localidades con poblaciones notablemente mayores.
En promedio, el 87,4% del gasto se dirige a salarios, y en 24 de las ciudades relevadas este porcentaje supera el 90%.
Aunque no se especifican los números de Río Grande en este rubro, la tendencia general sugiere que el gasto en personal constituye una parte sustancial del presupuesto.
La Fundación Libertad sostiene que los números analizados «evidencian la necesidad de reformar y racionalizar estas instituciones, eliminando gastos superfluos que no generan valor directo para la sociedad». Javier Bongiovanni, miembro de la fundación, afirmó que «ajustar el gasto de la política debe comenzar por los municipios», en consonancia con las propuestas de austeridad defendidas por el presidente Javier Milei. En su análisis, Bongiovanni subrayó que «los concejos municipales gastan miles de millones de pesos para funcionar, en muchos casos igualando o superando el gasto en obras públicas».
El contraste entre Río Grande y otros municipios subraya las marcadas diferencias en los costos de la política a nivel local en Argentina. Ciudades como Junín o Merlo, en San Luis, registran costos anuales por concejal de $10,6 y $17,5 millones respectivamente, cifras que palidecen frente a los $363,3 millones de Río Grande. Estas disparidades plantean interrogantes sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la equidad en la distribución del gasto político.
En un contexto donde el gasto legislativo municipal promedia $7.000 por habitante al año en las ciudades analizadas, los $33.100 per cápita de Río Grande destacan como un punto crítico para el debate sobre la sostenibilidad financiera.
