Para «ampliar y acelerar» la vacunación en todo el país, los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo y Luis Petri, presentaron un proyecto de ley para que privados estén autorizados a importar y comercializar aquellas vacunas que hayan sido previamente reglamentadas. En tal caso, deberán donar el 10% de lo adquirido al Ministerio de Salud de la Nación.
A su vez, la iniciativa también prevé que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires puedan adquirir vacunas «que serán destinadas a implementar el Plan Estratégico de vacunación de conformidad con sus propios planes operativos».
«Ante la ineptitud del gobierno, es fundamental que todos hagamos los máximos esfuerzos por avanzar en el plan de vacunación y, por ello, es imprescindible incluir tanto a las provincias como al sector privado para ampliar y acelerar la vacunación en todo el país respetando el orden de prioridades establecido por el Ministerio de Salud», indicó Petri.
El texto señala que «hay muchos ciudadanos que pueden acceder a las vacunas por sus propios medios, siempre dentro de la etapa que corresponda a su grupo de riesgo definido por el plan estratégico», y señala que eso podría contribuir a «liberar recursos y vacunas adquiridas por el Estado para que se orienten a quienes realmente las necesitan, con la garantía de que nadie que acceda a las vacunas a título privado estará saltándose el lugar que le corresponda por su grupo».
«La incorporación de los privados, respetando las prioridades en la vacunación, va a permitir, por un lado, descomprimir el sistema público, garantizando que las vacunas lleguen a los más necesitados y, por otro lado, los importadores privados deberán hacer una donación del 10% para ser incorporado al sistema público de salud y aumentar la cantidad de vacunas disponibles por el Estado», agregó Petri.
Cornejo, por su parte, ahondó sobre el punto que se refiere a las provincias y dijo que al autorizar a cada jurisdicción a adquirir vacunas «se acelera el plan» de inmunización y «se da la posibilidad de negociaciones conjuntas para optimizar el precio, el plazo y las cantidades a aplicar, a la vez que no se deja solamente sobre el Gobierno Nacional la posibilidad y esperanzas de conseguir vacunas».
«La igualdad debe entenderse como una distribución social de los esfuerzos y de las cargas, sin dejar de considerar lo que cada sector y cada individuo sea capaz de realizar. En ese sentido y en materia de salud, nuestro país conserva todavía importantísimas capacidades. Corresponde a los legisladores garantizar que todas ellas puedan desplegarse en favor del bienestar general», concluye la propuesta.
