La reciente revelación de otro nombramiento cuestionable en la
Obra Social del Estado Fueguino, vinculado al vocal por los
activos Franco Tomasevich, reaviva el debate sobre la
transparencia en la gestión de los recursos públicos.
La designación de Nadia Ayelén Silva como Personal de Gabinete en la
OSEF, sumada al reciente nombramiento de Julieta García -pareja del
vocal Franco Tomasevich-, ha generado un nuevo escándalo en la obra
social fueguina, alimentando críticas por presuntos favoritismos y falta
de criterios meritocráticos en la administración pública, en medio de la
más profunda crisis de la que se tenga memoria en la entidad.
Silva, cuya contratación se oficializó el año pasado mediante la Nota
OSEF-N-9140-2023, fue asignada al Departamento de Atención al
Afiliado en Río Grande bajo la categoría A, con aval presupuestario y
respaldo de la estructura orgánica del organismo. Sin embargo, el hecho
de que su ingreso coincida con una seguidilla de designaciones de
allegados a altos funcionarios ha levantado sospechas entre afiliados y
trabajadores, quienes cuestionan la priorización de intereses particulares
sobre las necesidades urgentes del sistema.
El malestar se agrava al conocerse que Tomasevich, vocal por los
activos de OSEF proveniente del gremio SUTEF, habría gestionado
directamente el cargo para García, quien asumió como Coordinadora
Administrativa con un salario bruto cercano a los $3.860.000, mediante
un correo dirigido a la presidenta Mariana Hruby.
Estos movimientos, aunque formalmente ajustados a normativas
internas, son percibidos como parte de un patrón de opacidad que
contrasta con los reclamos por la deficiente atención médica y la
problemática de medicamentos.
La polémica reabre el debate sobre los mecanismos de control en la
administración de OSEF, mientras sectores políticos y gremiales exigen
auditorías independientes. La obra social, esencial para miles de
fueguinos, enfrenta así un nuevo desafío de credibilidad en medio de
demandas por una gestión más transparente y eficiente.
