El legislador justicialista responsabilizó al gobierno y al
directorio de OSEF por gastos cuestionables, como estadías de
lujo, y reclamó auditorías urgentes para frenar el despilfarro en
medio de un déficit alarmante.
El legislador provincial por el partido Justicialista Juan Carlos Pino elevó
un firme reclamo al gobierno de Tierra del Fuego y al directorio de la
Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) para que implementen
controles rigurosos ante denuncias de despilfarro de fondos, incluyendo
gastos millonarios en alojamientos de lujo y sobreprecios en
medicamentos.
La exigencia surge tras conocerse que un empleado de Río Grande,
enviado a capacitarse, se alojó en el exclusivo hotel Arakur con un costo
superior al medio millón de pesos, autorizado mediante una resolución
firmada por la propia presidenta de OSEF.
En declaraciones a Provincia 23, Pino sostuvo que el Ejecutivo provincial
y los responsables de la obra social deben asumir su rol ante decisiones
«que agravan la crisis financiera» de la institución. «Si hay que
tomar medidas por lo hecho por el directorio, corresponde a
quien conduce OSEF hacerlo. La provincia no puede eludir su
responsabilidad», afirmó.
El legislador adelantó que el tema será abordado en la próxima reunión
de comisión en la Legislatura, donde se citará al directorio para exigir
explicaciones, no solo por este caso, sino también por las acusaciones
de sobrefacturación en la compra de medicamentos.
Pino separó dos problemas críticos: el déficit estructural de OSEF -que
alcanzó un 36% en 2024 y proyecta un 51% para este año- y lo que
calificó como «malas decisiones políticas» de su conducción. «En
momentos de crisis, estas acciones dañan aún más a la obra
social y exigen intervención inmediata», remarcó.
Aunque descartó una intervención formal por ahora, tal como propuso el
legislador Raúl Von der Thusen, insistió en la necesidad de auditorías
permanentes: «No hay controles sobre gastos administrativos ni
médicos, y eso ha sido señalado reiteradamente por gremios,
afiliados y proveedores».
El legislador detalló que la deuda de OSEF supera los 9.000 millones de
pesos solo en el primer trimestre, incluyendo adeudos con el hospital
público, clínicas privadas y el CEMEP de Río Grande. Sin embargo,
enfatizó que el despilfarro en rubros como viáticos o compras infladas
agrava la situación. «Medicamentos que valen 200.000 pesos se
pagan a 2 millones. Eso no es déficit, es mala gestión»,
ejemplificó.
Pino recordó que, si bien la Legislatura puede determinar inyectar
fondos para mejorar prestaciones, carece de facultades para intervenir
en la administración de OSEF, cuyos directivos incluyen tanto
designados por el gobierno como electos por los afiliados. No obstante,
adelantó que en las próximas reuniones se exigirá transparencia sobre
el manejo financiero, las deudas y las licitaciones de medicamentos.
«Los afiliados nos transmiten su preocupación, y eso se reflejará
en el cuestionario a los directivos», afirmó.
La polémica se enmarca en un pedido formal de declaración de
«emergencia económico-financiera y administrativa» para OSEF,
presentado ante la gravedad de los indicadores. Pino insistió en que,
más allá de los costos inevitables de prestaciones, el despilfarro en
gastos discrecionales debe erradicarse: «Auditorías trimestrales
podrían evitar estos excesos. La provincia no puede mirar para
otro lado».
Mientras tanto, el escándalo por el alojamiento en el Arakur respaldado
por la Resolución N° 250-2025, se suma a un historial de denuncias por
opacidad. Pino confirmó que aguarda respuestas a pedidos de informe
previos y que los reclamos de empleados y gremios serán llevados al
recinto. «Cuando OSEF rinda cuentas en la Legislatura, estos
temas estarán en el centro del debate», concluyó, subrayando que
la crisis demanda acciones concretas y no solo diagnósticos.
