Luego de que la Legislatura de Tierra del Fuego emitió una resolución que insta a que el Estado provincial garantice en el Hospital de Río Grande el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, donde la práctica no se realiza por objeción de conciencia del personal ginecológico, Mariela Galeazzi directora de Litigio en Amnistía Internacional Argentina, aseguró que tienen registro y tomaron conocimiento de pacientes que debieron viajar o ser trasladas a otras provincias para poder realizarse la práctica.
En diálogo con FM Máster’s, Galeazzi comentó al respecto: «Pedimos información a la Dirección Nacional de Salud Sexual del Ministerio de Salud de Nación y hemos visto que en diversas oportunidades fue necesario trasladar a las pacientes a otra provincia para que se les garantice la práctica del derecho al aborto».
«Desde Aminstía Internacional Argentina tomamos conocimiento de manera directa de un caso en Río Grande en el que no se pudo garantizar el aborto tanto en esa ciudad como en Ushuaia y la paciente debió ser trasladada a otra jurisdicción», agregó sobre uno de los casos particulares.
Sobre ese mismo caso, sin dar detalles para preservar la intimidad de la paciente, indicó que «por cuestiones de vulnerabilidad, esta persona llegó en momentos avanzados de la gestación, lo que suele ser una complicación. Justo en ese momento además solo había dos médicos en Ushuaia a cargo de la práctica, uno de licencia y el otro que no estaba dispuesto a realizar la práctica en un estadío de gestación avanzada», lo que derivó en que la paciente tuvo que salir de la provincia para poder acceder al aborto.
«Este es un caso del que tomamos conocimiento desde Amnistía. Igualmente se nos informó de una cantidad de casos ‘contados con una mano’. No se trata de una decena de casos, aunque así y todo cada caso importa. En números que maneja Tierra del Fuego, por ser una población chica, el número es importante. No debiera haber este tipo de casos porque esto implica muchas cosas para una persona que en esta situación se tiene que trasladar a otra provincia», sumó en este sentido Mariela Galeazzi.
«El traslado en estos casos corrió por cuenta del Ministerio de Salud. De Río Grande a Ushuaia, cuando las personas no tienen obra social nos consta que se cubre el traslado pero en el caso de las personas que tienen obra social se complica y deben cubrirla de manera propia», completó.
La directora de Litigio en Amnistía Internacional Argentina resaltó que «desde Amnistía contamos con un formulario al que se puede acceder en nuestra web amnistia.org.ar y allí lo que recibimos son denuncias de obstáculos y barreras en el acceso a la IVE. Nos llegan consultas de personas de todo el país y casos de personas que tuvieron barreras tanto en el sector público como en el privado. En virtud de la atención que se requiera brindamos respuestas de todo tipo: de denuncia, acompañamiento, etc».
Por último, recordó que «además existe la línea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de Nación que ofrece información para acceder a la práctica de manera segura y recibe reclamos y los hace llegar a las áreas de cada jurisdicción correspondiente para solucionar el caso».
