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Río Grande
12 de noviembre de 2024

Nación imputó a la DPE el cobro indebido de tasas a vecinos

El Gobierno imputó a 95 empresas, incluida la Dirección Provincial de Energía de Tierra del Fuego, por cobrar cargos indebidos en facturas. La normativa prohíbe tasas ajenas al servicio contratado, y las multas podrían superar los $2.000 millones.

El Gobierno nacional inició un proceso de imputación contra 95 empresas, incluyendo la Dirección Provincial de Energía (DPE) de Tierra del Fuego, por la inclusión de tasas y cargos no relacionados con los servicios en sus facturas. 

Las imputaciones incluyen a empresas de múltiples provincias, abarcando desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, y han generado la apertura de 244 expedientes en distintas localidades del país. 

Estas actuaciones responden a un incumplimiento normativo por parte de proveedores de servicios públicos que, en algunos casos, añadían en sus facturas tasas correspondientes a servicios municipales como alumbrado, barrido y vigilancia. 

Según lo estipulado en la nueva resolución, las facturas deben reflejar exclusivamente el servicio provisto por el proveedor, en concordancia con el artículo 3° de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Desde la Secretaría de Industria y Comercio se especificó que las empresas notificadas cuentan con cinco días hábiles para presentar un descargo. Si no logran justificar la inclusión de estos cargos en sus boletas, podrían ser sancionadas conforme a la Ley 24.240, cuyo artículo 47, inciso b, habilita la aplicación de multas de hasta 2130 millones de pesos. 

«A partir de recibir la notificación, las empresas tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo. Cumplido ese plazo la Secretaría de Industria y Comercio sancionará a las empresas que no cumplieron la norma», informó el organismo conducido por Pablo Lavigne.

Estas quejas han sido en su mayoría por cargos no especificados, considerados ilegales por el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, quien señaló que «esas tasas son ilegales y violan el art. 42 de la Constitución Nacional».

La decisión de prohibir el cobro de estas tasas a través de las facturas de servicios públicos generó reacciones en el ámbito municipal. Algunos intendentes, especialmente aquellos de áreas densamente pobladas como el conurbano bonaerense, consideran que la inclusión de tasas en las boletas de servicios básicos es fundamental para financiar servicios locales esenciales como el alumbrado y la seguridad. 

A su vez, algunos municipios lograron amparos judiciales que les permiten mantener temporalmente el cobro de estos conceptos en las facturas.

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