La legisladora de La Libertad Avanza cuestionó la falta de
presentación del plan de inversiones exigido por la Ley y alertó
sobre la crítica situación salarial de las fuerzas policiales.
La reunión del pasado viernes de la Comisión de Seguridad de la
Legislatura, con la presencia del jefe de Gabinete, Agustín Tita, y el
vicejefe, Jorge Canals, marcó un punto de tensión ante el incumplimiento
de los plazos establecidos en la Ley de Emergencia en Seguridad, según
denunció la legisladora Natalia Graciania.
En diálogo con FM Master’s, la representante de La Libertad Avanza
calificó el encuentro como «interesante y necesario», pero subrayó que
el Ejecutivo provincial incurrió en una falta grave al no presentar, en más
de tres meses, el plan de inversiones exigido por la normativa.
«Llegamos a esta instancia por un incumplimiento del gobierno de
una ley que se trabajó en conjunto», afirmó Graciania.
La legisladora recordó que la Ley 1573, aprobada en diciembre pasado
con consenso unánime, establecía tres mecanismos de control, siendo el
primero la presentación de un detalle de inversiones en un plazo de 30
días. «Pasaron más de tres meses y medio, enviamos una nota
institucional recordando la obligación y no fue respondida»,
sostuvo.
El informe finalmente fue entregado horas antes de la reunión, el viernes
a las 13:00, y, según Graciania, llegó incompleto. «No contenía el plan
de inversiones prometido, a pesar de que la ley lo exige. Se
comprometieron a enviarlo después, pero lo grave es que ahora
argumentan que no tienen los fondos», señaló.
La ley había previsto una partida de 4.000 millones de pesos, cifra que el
propio Ejecutivo había avalado. «Si hoy no cuentan con ese dinero, el
gobierno debe explicar por qué», exigió.
Más allá del incumplimiento legal, Graciania dedicó gran parte de su
intervención a alertar sobre la crítica situación de las fuerzas de
seguridad. «Los salarios son miserables. Cuando asumimos,
rondaban los 300 mil pesos; hoy están en 900 mil, pero siguen sin
alcanzar», detalló. Relató que muchos agentes deben trabajar en otras
actividades, como manejar Uber, o recurrir a bolsas de alimentos para
subsistir. «Hay una desesperación absoluta. La policía no puede
sindicalizarse, no tiene representación, y el Consejo del Salario no
se reúne», agregó.
La legisladora criticó que, pese a esta realidad, el gobierno no haya
incluido mejoras salariales en la ley de emergencia. «Es responsabilidad
provincial. No puede ignorarse que los agentes pagan de su
bolsillo insumos básicos, desde hojas para las comisarías hasta
reparaciones de patrulleros», afirmó.
También mencionó rumores de una movilización policial para el 18 de
abril, aunque aclaró que, al ser una fuerza de seguridad, cualquier
protesta sería anónima.
Otro punto de conflicto fue el anuncio sorpresivo de un convenio con la
Universidad Nacional de San Martín para un «plan integral de
seguridad». «Nos enteramos en la reunión. ¿Por qué no se usaron
las universidades fueguinas?», cuestionó Gracianía, prometiendo pedir
detalles del acuerdo.
Respecto al hacinamiento carcelario, la legisladora propuso soluciones
creativas, como donaciones de empresas para construir unidades
penitenciarias con mano de obra de los presos. «Hay una manda
judicial que obliga al gobierno a edificar una cárcel. Las
reparaciones parciales, como las de la gamela de Río Grande, no
son suficientes», advirtió.
Al cierre, insistió en que la transparencia es clave: «Son fondos
públicos. Los fueguinos merecen saber en qué se gastan,
especialmente cuando hay policías que no pueden vivir de su
sueldo».
La reunión dejó en evidencia que, más allá de los compromisos asumidos,
el gobierno provincial enfrenta un desafío mayúsculo para cumplir con la
ley y con quienes resguardan la seguridad.
