Por Guillermo Worman.- La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia implica habilitar el cobro del impuesto inmobiliario al Gobierno Provincial ha generado un fuerte revuelo hacía dentro de Tierra del Fuego y plantea una serie de fuertes desafíos institucionales y jurídicos.
Hasta ahora, la percepción de este impuesto recae en los municipios de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, pero el fallo de la Corte ha abierto la puerta a un posible cambio en el manejo del catastro y la administración de este importante recurso fiscal.
El impuesto inmobiliario es una fuente crucial de ingresos para los municipios, ya que les permite financiar obras y servicios públicos que benefician directamente a los ciudadanos.
El hecho de que ahora la provincia pueda cobrar este impuesto, plantea interrogantes sobre cómo se distribuirán los recursos y qué impacto tendrá en el desarrollo local.
Si bien es cierto que la provincia también necesita recursos para llevar a cabo sus funciones y responsabilidades, es fundamental asegurar una distribución equitativa que no perjudique a los municipios ni afecte la calidad de vida de los habitantes.
Otro aspecto a considerar es el manejo del catastro. La administración de esta base de datos, que registra la propiedad inmobiliaria y su valuación fiscal, requiere de una gestión minuciosa y precisa, que hasta el momento se encuentra en administración de los municipios.
Cualquier cambio en esta área puede generar conflictos institucionales, y disputas entre los diferentes actores involucrados. Por esto mismo, es importante que se establezcan mecanismos de coordinación y cooperación entre la provincia y los municipios, para garantizar un manejo adecuado y transparente del catastro, evitando posibles irregularidades y conflictos.
Además, la decisión de la Corte Suprema abre un nuevo conflicto entre los cuatro ejecutivos: No cobrar el impuesto inmobiliario es violentar una Ley provincial vigente; pero cobrarlo es entrar en una batalla campal entre la gobernación y las ciudades.
Esto exige tomar una clara decisión política en el corto plazo. Si se opta por cumplir la Ley sancionada durante la gestión anterior, conlleva una nueva reingeniería administrativa, para el traspaso de la gestión y cobro del impuesto inmobiliario.
De lo contrario, la salida alternativa es modificar el articulado de la norma que habilita el cobro por parte del gobierno o, para mayor claridad, dejar sin efecto la norma con una decisión legislativa que entierre el texto que ha sido ratificado por la decisión de la CSJN.
Lo cierto es que los municipios sienten que los recursos que se perciben por el impuesto inmobiliario les son propios, y que cualquier modificación es vivida como un avasallamiento sobre las autonomías municipales y un atentado sobre los tesoros públicos de las ciudades.
Por lo tanto, es más una discusión política que de interpretación técnica-fiscal.
Se sabe por experiencias previas que la salida de esta situación solamente puede producirse a través del fortalecimiento de los canales de diálogo, y concertación entre los municipios y el gobierno.
Por ejemplo, uno de los principales argumentos que se ha utilizado de uno y otro lado son las responsabilidades que tienen cada uno de los niveles de gobierno. Provincia sostiene que se ocupa de la salud pública, aunque las ciudades replican diciendo que tienen bajo su responsabilidad zoonosis y bromatología dentro de sus responsabilidades, y que estas son funciones directamente vinculadas con la salud de la población. También, que los municipios se han ocupado activamente de la prevención y las campañas de vacunación durante la pandemia por el COVID 19, junto con los servicios de atención en salud a la población que realizan los tres municipios, cada uno con servicios específicos.
En el medio se esquiva una de las principales discusiones de estructurales: la sistemática duplicidad de funciones entre provincia y municipios. Debe siempre se repasa como existen las funciones espejadas de cultura, deportes, turismo, defensa civil, entre otras; aunque nunca hasta ahora se tomó la decisión que volver más eficaces las políticas estatales que se contraponen desde siempre.
Lo mismo sucede con la educación pública: los municipios intervienen en determinados servicios educativos, y defienden, por ende, que tienen derechos a percibir impuestos propios para sostener sus servicios a la comunidad. Un claro ejemplo son las escuelas experimentales estatales, que en Ushuaia ya tienen más de dos décadas de desarrollo.
Sin duda alguna, hay una discusión vinculada con el ejercicio del federalismo interno en este histórico debate público estatal, ya que se trata de una piedra angular de nuestro sistema político y requiere de una constante búsqueda de consensos y acuerdos para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible en todo el territorio fueguino.
Por lo tanto, es fundamental que tanto la provincia como los municipios, trabajen de manera conjunta, respetando sus competencias y velando por el bienestar de la ciudadanía.
Así, la decisión de la Corte Suprema sobre el cobro del impuesto inmobiliario en Tierra del Fuego plantea desafíos, que deben ser abordados con responsabilidad y sensatez.
Por lo cual, es necesario buscar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados, y aseguren un adecuado manejo de los recursos públicos.
La cooperación y el diálogo político serán clave para superar los posibles conflictos institucionales, y construir un futuro próspero y equitativo para Tierra del Fuego y sus habitantes.
