El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) e integrante del Comité Organizador del Segundo Congreso Internacional de Derecho Tributario, Arturo Capellano, reclamó la sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal para evitar el “ahogo” financiero de las provincias ante la aplicación de la reforma tributaria y del consenso fiscal que le quitó recursos a esas administraciones, que ahora dependen de la ayuda del Estado nacional.
Pero, de que se trata la ley de coparticipación federal? Se trata de los fondos que reciben las provincias de la Nación de forma automática. La división inicial es de 1988 y no se basa en indicadores objetivos. Distintas leyes modificaron la distribución efectiva en las últimas décadas. En algunas provincias estos representan casi el 80% de sus recursos, mientras en otras es menos del 20%.
Las provincias reciben recursos del Estado nacional por dos vías. La más importante son las transferencias automáticas diarias, que se determinan principalmente según la coparticipación. Son los fondos que la Nación distribuye en las provincias según los porcentajes fijados por la ley de Coparticipación Federal de 1988, aunque también hay otras leyes y regímenes especiales.
En 2018 los recursos enviados a las provincias por la coparticipación fueron $1.076.749 millones. Esto es un 7,4% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, un porcentaje que aumentó en la gestión de Cambiemos (en 2015 era 7%).
No todos los impuestos que recauda la Nación son coparticipables, hay algunos que van sólo a las arcas nacionales, como los derechos de exportaciones. En el caso de los impuestos coparticipables, actualmente el 38% son ingresos para la Nación, casi un 61% se destina a las 24 provincias –incluidas la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego- y un 1% se destina a los Aportes de Tesoro Nacional (ATN) -ayuda extraordinaria y discrecional que maneja la Nación para situaciones de emergencia en provincias o municipios-. Los principales impuestos coparticipables son el impuesto a las Ganancias y parte el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero hay otros que también se comparten entre la Nación y las provincias, y pueden tener un reparto diferente.
El 61% que va para las provincias no se divide en partes iguales. El caso más perjudicado es el de la Provincia de Buenos Aires, que por la ley de 1988 debería recibir el 20% de coparticipación, cuando tiene casi el 39% de población del país. En el otro extremo, Tierra del Fuego recibe el 1,1% de los fondos y tiene el 0,4% de la población.
El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, había anunciado en agosto último una baja hasta fin de año del IVA y Ganancias, que son impuestos coparticipables y afectan a todas las provincias, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a comienzos de octubre último que es el Estado nacional, y no las provincias, el que debe asumir el costo fiscal de esta baja,
“Si queremos buscar federalismo fiscal debemos actuar con seriedad con estas decisiones, porque hay jurisdicciones que están realmente mal y dependen de nación para pedir recursos extraordinarios para poder seguir funcionando. Estamos en un contexto que amerita un análisis de este tipo para sancionar una nueva ley de coparticipación”, dijo Arturo Capellano, titular de la Agencia de Recaudación Fueguina.
El impacto de la carga tributaria para las actividades está determinado por la misma ley de coparticipación, que arroja cuales son los porcentajes que van a llevar de cada una de las jurisdicciones por sus impuestos.
“La ley fue evolucionando con los años, en un momento se medía por la cantidad de habitantes, luego por la superficie de la provincia, fueron cambiando los parámetros para calcular el porcentaje”, explicó Capellano.
Hace poco un decreto presidencial ponía tasa 0 en el impuesto al valor agregado coparticipable para las jurisdicciones, y el impacto en la coparticipación fue inmediato. Luego, un fallo de la corte lo declaró inconstitucional, obligando al Gobierno a devolver los fondos que se les habían quitado a las provincias.
Es por esto que desde la Agencia de Recaudación piden una nueva ley de coparticipación. “Siempre terminamos con acuerdos políticos por encima de los principios constitucionales. Cuando se toman estas decisiones se juega con los recursos de las provincias”, opinó Capellano.
Fuentes: BAE Negocios/FM La Isla/Chequeado/La Nación
