Por Guillermo Worman.- El sistema judicial fueguino tiene la responsabilidad de salvaguardar la justicia y proteger los derechos de los ciudadanos como metas principales. En este sentido, resulta alarmante y preocupante la permanencia del Juez Javier De Gamas Soler al frente del Juzgado de Instrucción Penal de Ushuaia, considerando su accionar en la causa AMIA y su comprobada participación en el encubrimiento de dicha investigación.
De Gamas Soler, quien ocupó el cargo de secretario en la causa AMIA junto con el ex juez Juan José Galeano, ha sido señalado por su actuación en favor del encubrimiento de los graves delitos cometidos en relación con el atentado que conmocionó a todo el país. Las pruebas y testimonios presentados en el marco del sistema interamericano de Derechos Humanos han confirmado las graves violaciones cometidas en el proceso de investigación de este caso emblemático de encubrimiento.
Argentina, como Estado, ha reconocido ante el sistema interamericano de Derechos Humanos las irregularidades y violaciones ocurridas en la causa AMIA. Estas violaciones incluyen el encubrimiento de pruebas, el pago de sobornos con fondos reservados de la ex SIDE, la manipulación de evidencia y la obstrucción de la justicia. En este contexto, resulta incomprensible e inaceptable que un juez involucrado en dichas irregularidades continúe ocupando un cargo de tanta responsabilidad en el sistema judicial de Tierra del Fuego.
La destitución del Juez De Gamas Soler se presenta como una medida imperiosa para garantizar la justicia y la transparencia en nuestro sistema judicial. Para esto es necesario tomar una clara decisión política en lugar de dilatar, una y otra vez, los pasos que lleven a la expulsión de De Gamas Soler del Poder Judicial fueguino.
Debemos tener siempre presente que la ciudadanía tiene el derecho a un proceso judicial imparcial y a confiar en que los jueces actúen de manera ética y en cumplimiento de la ley. La permanencia de un juez con un historial manchado de irregularidades y encubrimiento solo socava la confianza en el sistema judicial provincial y pone en entredicho la búsqueda de la verdad y la justicia.
Por esto mismo, es responsabilidad de las autoridades que integran el Consejo de la Magistratura de tomar medidas contundentes para destituir al Juez De Gamas Soler de su cargo y de concluir una actuación contundente sobre su actuación en la causa AMIA.
La destitución de un juez involucrado en graves violaciones de derechos humanos es un paso fundamental para asegurar la integridad del sistema judicial y para enviar un mensaje claro a la sociedad de que la impunidad no será tolerada.
La justicia y la transparencia son pilares fundamentales de un Estado de Derecho y deben ser protegidos y promovidos en todo momento. La destitución del Juez De Gamas Soler no solo es una necesidad imperante, sino un acto de justicia hacia las víctimas y sus familias, así como un paso hacia la restauración de la confianza en nuestro sistema judicial.
Sin duda alguna, es tiempo de actuar y de tomar medidas concretas para asegurar que los responsables de irregularidades y encubrimientos no ocupen cargos de poder en nuestra justicia, y que estas actuaciones se consumen antes que el tan cuestionado magistrado se retire por la puerta grande que le va a garantizar su jubilación desde el Sistema Previsional fueguino.
Será Justicia o será una vergüenza. Todo depende de las decisiones que se ponen en los próximos meses en relación a un funcionario judicial que debiera estar condenado por los graves delitos que cometió durante uno de los peores momentos de la historia contemporánea de nuestro país.
