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13 de marzo de 2024

La mitad de las provincias no pagará el bono de $60,000

Doce provincias argentinas rechazaron el bono de $60,000 a empleados propuesto por el Gobierno, priorizando sus acuerdos salariales previos. La diversidad de respuestas refuerza la autonomía de las jurisdicciones y su enfoque en la estabilidad laboral.

En una verdadera muestra de la diversidad de estrategias salariales en el país, once provincias argentinas tomaron la decisión de no pagar la suma fija de $60,000 propuesta por el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa.

Misiones, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, Salta, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires optaron por mantener sus acuerdos salariales ya establecidos en sus respectivas paritarias, al margen de la propuesta gubernamental.

Esas provincias se pronunciaron unánimemente, argumentando que los acuerdos salariales previos ya establecidos con los trabajadores se mantendrán intactos. El enfoque refleja la importancia que dan a las negociaciones sectoriales y a la búsqueda de la preservación del equilibrio financiero de cada provincia.

El gobierno porteño, liderado por Horacio Rodríguez Larreta, señaló que a lo largo de este año otorgó aumentos salariales cercanos a la inflación a sus 160,000 empleados municipales. Estos aumentos se realizaron en respuesta a paritarias mensuales y, en algunos casos, quincenales, con el objetivo de mantener la capacidad adquisitiva del personal en medio de la inflación.

En relación con la propuesta gubernamental, los ejecutivos provinciales y municipales aún esperan la reglamentación oficial. Sin embargo, se destacó que aquellos que decidan pagar la suma fija a sus empleados, deberán hacerlo utilizando sus propios recursos, ya que no se proporcionarán partidas específicas del Gobierno nacional para cubrir este gasto.

La diversidad de respuestas provinciales muestra la complejidad de la situación económica y laboral en Argentina. La decisión de las provincias de no adoptar el bono propuesto por el Gobierno Nacional refuerza la autonomía de cada jurisdicción y su compromiso con los acuerdos ya establecidos con sus trabajadores, en lugar de depender de una medida uniforme a nivel nacional.

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