El pasado 28 de marzo, la Cámara de apelaciones hizo lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos, revocando el procesamiento por los delitos de desobediencia y privación ilegítima de la libertad y confirmando el procesamiento por el delito de entorpecimiento de los Servicios públicos.
«Esta nueva instancia marca un revés para los denunciantes (gobierno), ya que se retira a los representantes de los trabajadores de la responsabilidad por los delitos más graves, lo que implica, en particular para Carlos Córdoba, la convicción continua y firme en cuanto se ejerce la defensa en el marco del repudio y la erradicación de la criminalización de la protesta, la protección de derechos tutelados tanto constitucional como convencionalmente», manifestó Marisel Banegas,abogada defensora.
“Los delitos que se les imputaron como privación de la libertad y desobediencia han sido revocados porque no existieron los requisitos para que se configuren los mismos. Consideramos que tampoco existieron los requisitos para que resulte viable el entorpecimiento de servicios públicos, delito por el cual también fueron procesados y por el cual no ha sido revocada la resolución”, dijo Banegas.
La abogada manifestó que “seguimos sosteniendo que la resolución ha sido positiva, y vamos a insistir por la inocencia de Carlos Córdoba y de los otros 10 representantes sindicales entre ellos los del sector pasivo. Vamos a tomar otras medidas para defender el hecho de que no se criminalice la protesta”.
