Por Federico G. Rayes (@FG_Rayes).- Los reiterados problemas en la provisión del servicio de energía eléctrica de red en la capital fueguina, con los recientes eventos de cortes reiterados y el último apagón total del 26 de julio; han despertado los más furiosos descargos de la sociedad contra el gobierno provincial. Antes de entrar en el análisis pormenorizado de los detalles técnicos, que los hay de relevancia, claro está; es preciso no perder de vista los siguientes puntos que hacen al entendimiento de la situación:
1) La solución no está en más o menos estructura estadual, ni tampoco en la norma escrita. En julio de 2016 se sancionó la Ley N° 1100 de emergencia eléctrica en Ushuaia. Posteriormente mediante Ley N° 1182 se declaró también en Río Grande, Tolhuin, Almanza y pasos Fronterizos. Se creó luego Terra Ignis Energía S.A., el Ministerio de Energía y diversas Unidades Ejecutoras. Finalmente llegamos a la Ley de Transición Energética. A lo largo del tiempo las misiones y funciones escritas fueron y vinieron. Nada cambió, el remedio está en otro lado.
2) En preciso que todos entendamos que la generación y distribución de la energía es altamente demandante de inversiones. Tan altas como constantes. Para que esto funcione de verdad, se requiere un sistema sostenible financieramente, y para que ello ocurra el primer paso son tarifas acordes. Y esas tarifas son altas, mucho más de lo que estamos acostumbrados a pagar. Si queremos un servicio bueno y fiable, los consumidores tenemos que acostumbrarnos a pagar lo que vale; así como los funcionarios deben dejar de lado la demagogia de las tarifas irreales que nos trajeron a esta crisis.
3) Estar aislados es más caro y riesgoso. Esta situación no sólo le cabe al transporte de personas y carga desde y hacia la provincia; sino también a la energía eléctrica. Tierra del Fuego no está conectada al interconectado eléctrico nacional, y por lo tanto no puede proveerse de energía de este. Más aun, todas las localidades dentro de la propia provincia están desconectadas entre sí. Esto habla a las claras de un sistema de generación ineficiente, sin economías de escala; y fundamentalmente imposibilita un mecanismo básico de gestión de flujos; que implica que el excedente de potencia de una ciudad en una circunstancia en particular podría cubrir excesos de demanda en otra.
4) Las posturas individuales e institucionales de protección ambiental, en mayor o menor medida respetadas por la sociedad, tienen también un hito de interacción con la problemática en cuestión. Basta recordar la férrea oposición de algunos actores al interconectado eléctrico provincial; por la contaminación visual y de otra índole generada por las torres de cableado. Es raro no escuchar voces de oposición a la quema de combustibles fósiles para la generación ineficiente de la energía que consumimos, o más aún a la premisa que va ganando espacio en esta coyuntura, de aumentar el consumo de combustibles líquidos en la matriz de generación eléctrica capitalina.
5) Son reiterados los discursos de apoyo al subrégimen industrial, a la necesidad de ampliar la matriz productiva fueguina, al turismo receptivo y de cruceros, entre otras actividades económicas bien apreciadas en las alocuciones de los políticos de siempre. Pues bien, todas esas actividades consumen energía eléctrica. Energía que no tenemos capacidad instalada para generarla. Y eso no es un problema del porvenir, es un problema de ayer. Si bien el impacto toma mayor notoriedad pública dado la conmoción sobre el consumo residencial; hace años que la industria padece la falta de potencia de generación en toda la provincia. Esto implica directamente menor producción; y para quienes producen, mayores costos. Sin mencionar la quema de fósiles de los generadores privados (sic.)
6) En tan delicado contexto, mediante Ley N.º 1276 de 2018 la provincia adhirió a la Ley Nacional de Generación Distribuida N° 27.424. Dicha adhesión permite conectar equipos de energías renovables para autoabastecerse y vender excedentes a la red eléctrica. Créase o no, la Ley nunca fue reglamentada lo cual la hace prácticamente inútil. Si bien esta no será una solución definitiva, es parte de esta, dado que provee un incentivo claro al privado; tanto hogares, comercios e industrias para generar energía renovable para consumo propio y potencialmente vender excedentes para el consumo de otros actores.
7) Estamos acostumbrados a una política local que usa y en muchos casos abusa de los aportes no reintegrables, subsidios de tasas y demás instrumentos de transferencias de ingresos, sustentados en el cobro de impuestos a la ciudadanía. Sin embargo han sido en principio escasas las iniciativas y los fondos destinados a promocionar la adquisición y puesta en funcionamiento de equipos de generación privados (renovables o no) que ayuden a solventar el déficit de potencia eléctrica que ostentamos.
8) En 2017, en otro contexto, la provincia se endeudó por 200 millones de dólares con la colocación del bono TFU27. Acto seguido fue sancionada la Ley N.º 1142 (varias veces modificada) destinando los recursos del endeudamiento a diversas obras de infraestructura (seguramente importantes y necesarias) pero curiosamente sin aplicar fondos para invertir en el parque de generación eléctrica de la Provincia. Para colmo de males, la obra más relevante por su monto y bandería política, el “Programa de Desarrollo Costero del Canal Beagle” resultó un fracaso. Persiste ahora más que nunca una sensación generalizada, fundada o no; en que el dinero del empréstito contraído se nos diluyó entre las manos sin dejar un impacto sustancial.
Todo lo expuesto pone en relevancia la magnitud de la problemática a la que nos enfrentamos los fueguinos; donde obviamente mucha de la responsabilidad recae sobre la dirigencia política, pero donde también una cuota de esta recae sobre nosotros los ciudadanos, quienes por acción u omisión avalamos prácticas inconsistentes con la provisión de un servicio fiable.
El autor es fueguino, economista y profesor de la UNTDF. Director de la consultora Ecotono.
