En diálogo con radio nacional el Juez electoral Isidro Aramburu se refirió a su participación en la comisión número 1 de la legislatura, donde por estos días se tratan una diversidad de proyectos como la aplicación de las PASO, la implementación de la boleta única electrónica, la reforma del régimen político, y la reforma del régimen electoral, entre otros.
En relación a la aplicación de nuevos sistemas electorales que se pretenden concretar, el juez expresó que de hacerlo “habrá que apurar los tiempos porque vamos a requerir una preparación técnico informática de todo nuestro personal, todo el poder judicial. Se me ocurre que se harán suscrición de convenio con todos los poderes del estado municipios, concejo, gobierno, etcétera; para poder dotarnos de suficiente cantidad de personas con capacidad idónea en informática que a su vez capaciten a las autoridades y fiscales de mesa para que estemos preparados por cualquier eventualidad” afirmó Aramburu.
El funcionario opinó que “de realizarse la debida reforma debe hacerse con tiempo”.
En este sentido, el Juez electoral destacó que en caso de aplicarse las PASO o las generales, se debe garantizar a la ciudadanía un dispositivo electoral que garantice eficacia, transparencia, efectividad e imparcialidad. “Lo que quiero preservar es la confianza que tiene la ciudadanía en nuestro sistema electoral provincial, que es contundente. En él, no hay lugar a dudas, no se conocen en toda nuestra historia algún cuestionamiento severo. Es un sistema que da garantía, seguridad y transparencia” afirmó Aramburu.
Reforma de la ley de partidos políticos
Respecto a la reforma de partidos políticos que se quiere llevara adelante, el Juez indicó que “la única alerta que les manifesté fue que todo nuestro andamiaje jurídico político, nos impone generar las condiciones para la máxima participación política que pueda haber. Si la idea de la reforma en ponerse más duros para evitar la conformación de muchos partidos políticos me parece que allí estamos en una zona de turbulencia con el sistema general, y con el constitucional. La regulación debe ser razonable, de manera que no desvirtúe las garantías de la constitución”.
