En una reunión virtual este sábado, los gobernadores de las provincias patagónicas respaldaron firmemente al mandatario chubutense, Ignacio Torres, en su enfrentamiento con la administración del presidente Javier Milei. La principal conclusión de este encuentro fue la amenaza de cortar la producción de petróleo y gas a partir del próximo miércoles si la Casa Rosada persiste en la quita de fondos a Chubut.
Además del respaldo a Torres, los gobernadores acordaron una estrategia conjunta para proteger la coparticipación a través de una ley en el Congreso y establecieron contacto directo a través de un grupo en Whatsapp. Para el próximo lunes, se espera que Torres y sus pares ofrezcan una conferencia de prensa para anunciar los próximos pasos a seguir.
«El Gobierno nacional quiere disciplinar a las provincias matando a Chubut, una provincia pequeña que está lejos de Buenos Aires. Pero vamos a defender nuestros recursos hasta las últimas consecuencias», aseguró Torres.
La tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores escaló después de la advertencia de Torres de no entregar más petróleo y gas, con el respaldo de sus pares de diferentes partidos. Se espera que el próximo miércoles las provincias productoras de hidrocarburos inicien un paro total en los yacimientos con el objetivo de afectar la producción, junto con un acto simbólico en la monoboya ubicada en Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia.
Por su parte, el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, acusó al ministro de Economía, Luis Caputo, de mentir descaradamente sobre la deuda de la provincia, y anunció la presentación de demandas judiciales masivas contra los recortes de fondos.
En medio de esta disputa, los gobernadores también enfrentan complicaciones en el ámbito de la comunicación, ya que son presentados como «gastadores compulsivos» e «irracionales» por los libertarios liderados por Milei.
La situación se agrava con la falta de diálogo por parte del Gobierno central, lo que ha llevado a los mandatarios provinciales a considerar medidas judiciales como último recurso para proteger los intereses de sus ciudadanos.
