El abogado Francisco Giménez, patrocinante de la familia en el caso de una muerte dudosa en Río Grande, rechazó la defensa de la funcionaria judicial, e insistió en reprocharle su actitud de negarse a intervenir en el caso.
El abogado Francisco Giménez, representante de la familia de un hombre fallecido en dudosas circunstancias, un caso que ha generado profunda polémica en Río Grande, expresó duras críticas hacia la fiscal Laura Urquiza, a quien acusa de no cumplir con su rol de intervenir en el proceso judicial. En declaraciones a FM Master’s, Giménez detalló que solicitará un juicio de enjuiciamiento contra la fiscal, argumentando que su conducta en este caso amerita un proceso disciplinario y la remoción de su cargo.
Giménez, refiriéndose a la versión pública que Urquiza ofreció, también a través de FM Master’s, fue categórico al afirmar que “la fiscal en las notas que dio en su raid periodístico miente, sigue mintiendo. Aparte de incompetente, también miente, porque la propia actuación del fiscal mayor la desmiente y deja claramente establecido en un documento público que faltó a sus deberes, que no quiso asumir sus funciones”. De acuerdo con el abogado, los documentos judiciales evidencian que Urquiza se negó a intervenir en el caso pese a estar de turno, lo cual generó un vacío que comprometió el inicio de la investigación.
El relato de Giménez subraya la gravedad de esta omisión, señalando que la decisión de la fiscal de no actuar generó retrasos que podrían haber afectado la recolección de pruebas esenciales. Según el abogado, en un caso de muerte dudosa, los primeros momentos de la investigación resultan cruciales. “Está absolutamente comprobado, no es un invento que la fiscal Urquiza incumplió sus deberes como fiscal en turno de impulsar una causa con la posibilidad de que se haya perdido de hacer o recabar prueba importante en los primeros minutos de una investigación que son fundamentales”, sostuvo.
El contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos añade complejidad al caso. Giménez explicó que, al momento de la denuncia de la muerte, la policía se comunicó de inmediato con el juez de turno, quien, a su vez, solicitó que la fiscal tomara el caso. Sin embargo, Urquiza rechazó tal solicitud y finalmente se recurrió al fiscal Pino, quien asumió la causa y comenzó las diligencias investigativas correspondientes. “Se la llama, dice que no va a actuar, después no atiende más el teléfono y esto se pone en conocimiento del jefe de los fiscales ante el Superior Tribunal de Justicia, el Dr. Urquiza”, explicó Giménez, quien también afirmó que el fiscal mayor tomó medidas para constatar los hechos y documentó la negativa de la fiscal en un informe público.
La familia del fallecido no solo reclama justicia, sino también un pronunciamiento por parte del sistema judicial que impida la repetición de estas situaciones. En ese sentido, Giménez fue enfático al señalar que buscará que el Consejo de la Magistratura intervenga para evaluar la conducta de la fiscal y, de ser necesario, propiciar su remoción. “La gravedad del caso amerita la intervención del Consejo de la Magistratura mediante un jury de enjuiciamiento y despedirla de sus funciones”, expresó.
A nivel ético y profesional, Giménez también planteó una crítica al desempeño general de la fiscal, cuestionando su actitud y señalando que no es la primera vez que comete “este tipo de hechos”. En ese contexto, el abogado resaltó que el rol de un fiscal implica una alta responsabilidad y que, en casos de emergencia, el deber profesional no puede postergarse. “Si te gusta cobrar alrededor de $7 millones por mes y querés ser fiscal, tener los privilegios de un fiscal, sueldo de un fiscal, las comodidades, las licencias que tienen un fiscal, bueno, debés honrarlo también y justificarlo con tu actuación”, manifestó.
La respuesta de Urquiza, que incluyó una publicación presuntamente burlesca en redes sociales, también generó indignación en la familia, según Giménez. El abogado explicó que la fiscal compartió una fotografía bailando en un caño acompañada de la leyenda ‘a la gilada ni cabida’, que la familia interpretó como una burla a la situación que atraviesan. “Sabíamos de las condiciones personales de la fiscal, pero no imaginábamos algo de una crueldad tal de ver la familia a la fiscal bailando en un caño, que hasta ahí está bien, pero con el mensaje abajo, a mí me ofende, humilla a la familia, es cruel por sobre todas las cosas”, subrayó.
La decisión de pedir jury de enjuiciamiento busca una respuesta institucional que sancione la presunta inacción de la fiscal y que defienda los derechos de la familia afectada.
Con este pedido formal, el abogado espera que el Superior Tribunal de Justicia evalúe la situación y proceda de acuerdo con la gravedad que el caso amerita, argumentando que el accionar de la fiscal no solo ha generado un obstáculo en la investigación, sino que también ha herido la dignidad de la familia en un momento de dolor y vulnerabilidad.
