El secretario de Gobierno de Río Grande confirmó el apoyo
municipal a la medida impulsada por el intendente Harrington y
destacó la figura legal del «amicus curiae» para acompañar el
reclamo. Advirtió que no hay pruebas de que el radar esté
inactivo.
En una firme demostración de unidad institucional, el municipio de Río
Grande respaldó formalmente la decisión del intendente de Tolhuin,
Daniel Harrington, de avanzar judicialmente para lograr la demolición
del radar instalado por la empresa Leo Labs. Gastón Díaz, secretario de
Gobierno de la municipalidad, explicó en detalle los fundamentos legales
y estratégicos de esta medida, enfatizando que el objetivo prioritario es
«la demolición, el no funcionamiento y el desarme» de la
estructura, cuya presencia genera controversia desde hace años.
«Consultamos con asesoría letrada y el intendente Martín Perez
nos dio el ok para brindar nuestro apoyo, no solo a Harrington,
sino a todos los vecinos de Tolhuin que soportan esta situación»,
afirmó Díaz. El mecanismo elegido fue la presentación de un amicus
curiae, una figura legal que permite a terceros -como otros municipios o
instituciones- expresar su interés en un proceso judicial sin ser parte
directa. «Es un documento que avala la posición de Tolhuin frente
a una empresa con intereses extranjeros que seguramente
opondrá resistencia», agregó.
El funcionario desestimó las versiones que aseguran que el radar no
está operativo: «No existe ningún informe ni prueba que
demuestre que no funciona. Por el contrario, en agosto de 2023,
Leo Labs admitió en un simposio en EE.UU. su acuerdo con el
Reino Unido para brindar apoyo logístico y de inteligencia».
Recordó que la Unidad Administrativa de Faltas de Tolhuin ordenó la
demolición en septiembre pasado por falta de permisos, ratificada el 31
de marzo tras rechazar recursos de la empresa.
Sobre los plazos, Díaz anticipó que el proceso será «sumarísimo», con
plazos de cinco días en lugar de veinte, aunque aclaró que sólo
resolverá el incumplimiento normativo local, no las responsabilidades
políticas. «Eso deberá debatirse en otros ámbitos, como una
comisión investigadora en la Legislatura», señaló.
El respaldo de Río Grande se coordinó con el Centro de Veteranos de
Malvinas, cuyo reclamo durante la vigilia del 2 de abril motivó la acción.
«Harrington destacó el simbolismo: desarmar el radar es un paso
tangible en la defensa de la soberanía», concluyó Gastón Díaz,
dejando abierta la puerta a que más instituciones se sumen al reclamo.
