La diputada nacional por Tierra del Fuego, Andrea Freites (Unión por la Patria), mostró un marcado optimismo respecto a las gestiones parlamentarias destinadas a obtener el quórum necesario para rechazar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) propuestos por el gobierno, especialmente aquellos relacionados con el cálculo de jubilaciones impulsado por el presidente Javier Milei.
En sus declaraciones, Freites resaltó el importante respaldo obtenido en el Senado para el rechazo de uno de los DNU: «Con respecto al DNU que finalmente se rechazó, nos alcanzaba con 37 votos en el Senado para rechazarlo y se sumaron 42 votos, la verdad que eso fue muy importante». Además, expresó su preocupación por el nuevo decreto sobre jubilaciones, enfatizando su impacto negativo en los sectores más vulnerables de la sociedad: «Este DNU va a afectar a los jubilados, esto que sacó Milei hoy y avisó el viernes que lo sacaba».
En el ámbito interno del Partido Justicialista (PJ), Freites abordó la discusión sobre la licencia de Alberto Fernández durante una reunión partidaria: «Algunos compañeros sostenían que había que pedirle la renuncia al compañero Fernández y no una licencia, pero finalmente terminó en licencia». Además, subrayó la necesidad de cerrar filas frente al gobierno actual, con el que discrepan en diversos aspectos políticos.
Por otro lado, Freites compartió sus inquietudes sobre la situación de las universidades públicas y el CONICET, señalando las dificultades económicas que enfrentan y la necesidad de preservar la Ley de Educación Superior: «Ellos piden que no se toque la Ley de Educación Superior, específicamente el artículo 58 que trata de las carreras estratégicas, porque casualmente es el punto en el que el gobierno nacional viene haciendo hincapié». Además, expresó solidaridad con los trabajadores afectados por despidos y recortes en el ámbito científico.
Las declaraciones de Freites reflejan un panorama complejo en el ámbito legislativo y partidario, marcado por el desafío de construir consensos y enfrentar las políticas gubernamentales, así como por la necesidad de proteger los derechos de los sectores más vulnerables y defender la educación y la investigación científica en Argentina.
