La legisladora Mónica Acosta apuntó contra los supuestos intereses particulares, “de personas que buscan un negocio inmobiliario”, y que, a la fecha, demoraron el análisis del proyecto de Ley que le otorga a la Península Mitre el rango de área protegida.
“Si bien había tenido cierto trabajo de labor parlamentaria, en esta oportunidad le reconocemos un trabajo histórico de la legisladora Myriam Martínez que se hizo eco de estas organizaciones, y en esta oportunidad con la legisladora Laura Colazo”, dijo Acosta por FM Masters.
Entre las cuestiones a analizar en el marco de la ley, que entrará a comisión el próximo 8 de junio, Acosta pidió “definir la propiedad de algunos pobladores históricos y que exista una actividad productiva”.
“El trabajo en comisión contará con los invitados que tienen decisión, como Infuetur, vialidad nacional, cámaras de comercio. Y el jueves están programadas las asociaciones ambientales y las comunidades a aborígenes. El martes hay una rueda de propietarios con expedientes registrados en la zona. Esperemos que podamos arribar a un dictamen”, dijo.
“Hay una decisión política del Propio Ejecutivo, que lo estableció por decreto”, aseguró.
Además, se manifestó contra las actividades que no contarían con “la preservación del medio ambiente, que no pasen por todas las auditorías ambientales que son para la zona. Porque el mundo estaría ganado un pulmón. Cada actividad que se apruebe tiene que pasar un exhaustivo control”.
“Por las condiciones estratégicas que tiene, se sugiere hasta un puerto turístico, para ciertas visitas guiadas. Hay organizaciones que promocionan la zona. En una página están ofreciendo y esas actividades no pasan por el control de las autoridades. Que cada visita pueda contar con la promoción que le corresponde”, señaló.
“Esta ley no ha salido porque ha primado el interés particular sobre el interés general, de personas que buscan un negocio inmobiliario. Que el estado tenga una presencia activa”, concluyó.