El sector industrial de Tierra del Fuego se consolida como gran beneficiario de la Ley Bases, que preserva beneficios fiscales clave pese a las críticas, según analistas. El Gobierno celebra la aprobación, aunque debió realizar importantes concesiones.
El sector tecnológico industrial de Tierra del Fuego emerge como uno de los grandes vencedores tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado, según expertos analistas económicos.
A pesar de las críticas de algunos sectores, el Gobierno nacional no ha mostrado intenciones de desarticular el sub régimen industrial de la provincia en su plan de ajuste del gasto. El sub régimen que regula la 19640 proporciona significativos beneficios fiscales a la industria local, algo que ha sido defendido enérgicamente por diversos actores políticos y económicos.
La aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado fue posible gracias a un cambio radical en la estrategia del oficialismo. Con la llegada del ministro coordinador, Guillermo Francos, el Gobierno logró negociar con la oposición, realizando múltiples concesiones que permitieron destrabar los acuerdos necesarios para avanzar con los proyectos fundacionales de Javier Milei. Este proceso dejó tanto ganadores como perdedores, quienes ahora buscarán consolidar o revertir su situación en la Cámara de Diputados.
A pesar de haber tenido que ceder en puntos importantes, como la reimposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, la reconfiguración de Bienes Personales y la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y el Correo Argentino, el Gobierno celebró la aprobación de la ley. Lograron preservar la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia económica, financiera, administrativa y energética, así como el resto del paquete de privatizaciones.
También evitaron un revés en el blanqueo, que se aprobó por unanimidad, y en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que obtuvo apoyo de 38 senadores, incluyendo a radicales, macristas, libertarios y hasta algunos peronistas.
Una modificación crucial introducida en el RIGI restringió su aplicación a sectores específicos: forestoindustria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Esta restricción, que estaba presente en la primera versión de la Ley Bases enviada por el Gobierno, fue modificada en Diputados para excluir al sector agroindustrial, a petición de senadores de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Estos legisladores buscaban evitar que capitales extranjeros, a través de los beneficios del régimen, dominen uno de los sectores más productivos del país.
Fuentes cercanas al presidente indicaron que Javier Milei se involucrará directamente en la implementación del RIGI, destacando su experiencia en el sector privado y su conocimiento sobre la importancia de atraer inversiones.
El decreto reglamentario deberá especificar quién será la autoridad encargada de la aprobación y fiscalización de las solicitudes de adhesión al régimen. Existen especulaciones sobre si la agencia de promoción de inversiones, ahora bajo la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei, asumirá esta responsabilidad, aunque también podría depender del ministro de Economía, Luis Caputo.
El apoyo al RIGI también vino de tres senadores de Unión por la Patria (UP), quienes, atraídos por los beneficios para el sector minero en sus provincias, votaron a favor, evidenciando tensiones dentro de su bloque.
En el campo aliado al Gobierno, hubo fisuras, como la del diputado Luciano Laspina del Pro, quien criticó en redes sociales la inclusión de Tierra del Fuego como beneficiario del RIGI, considerándolo arbitrario y discriminatorio.
Las empresas radicadas en Tierra del Fuego también se beneficiaron con la eliminación del artículo 111 del paquete fiscal, que instruía al Poder Ejecutivo a incrementar un 2% del Producto Bruto Interno (PBI) mediante la supresión de exenciones tributarias. Este artículo, impulsado por el diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica, apuntaba a desmantelar los beneficios para los industriales de Tierra del Fuego. La eliminación de este apartado contó con el respaldo de un variado grupo de senadores, incluyendo al radical fueguino Pablo Blanco, y logró 65 votos a favor.
La decisión será difícil de revertir en la Cámara de Diputados, donde se necesitará una mayoría calificada para reinstaurar el artículo 111. En redes sociales, López denunció un «Senado corporativo», mostrando su descontento con la decisión.
En resumen, la Ley Bases y su paquete fiscal, dentro del panorama complejo y lleno de tensiones que reflejan, ubican a Tierra del Fuego, especialmente su sector industrial, como un claro ganador en este proceso, consolidando su posición gracias a los beneficios fiscales que permanecen intactos, a pesar de los intentos de algunos sectores de reducirlos.
