Por Silvana Minue-En el marco de la última sesión de la Legislatura Fueguina, se trató el proyecto de los trabajadores del Programa de Entrenamiento Laboral presentada ante la Legislatura previamente por los beneficiarios del Programa y referentes de la CGT, SOEM y AFEP.
La iniciativa, contó con el acompañamiento de los gremios CGT, SOEM y AFEP y propone incrementar en 320 el número total de cargos de la planta de personal permanente de la Administración Pública Provincial para el año 2022, fijado en el proyecto de presupuesto para el año entrante en 13.831. En la sesión, tomó estado parlamentario, fue girado a Comisión, donde se esperará su debate y tratamiento. Por lo cual tanto los llamados «PELs» y los sindicatos buscarán los consensos legislativos necesarios para realmente se trate y otorgue una solución a la demanda laboral histórica.
Una de las trabajadoras, Joana Reta le dijo a TIEMPO FUEGUINO que según un dialogo breve con el legislador Rivarola, pudo conocer que el proyecto «va a pasar a comisión, pero mientras esperamos una compañera de 15 años bajo esa modalidad está mal de salud, y no puede ser que no tenga su estabilidad laboral».
De qué trata el proyecto
La iniciativa determina que quienes puedan acceder al “pase a planta”, serán las personas que actualmente se encuentran incluidas en el Programa de Entrenamiento Laboral, y que se encuentre en condiciones de ingresar a la Administración Provincial como personal de planta permanente, a las que se les deberá respetar “la antigüedad desde el momento de su ingreso al PEL, la experiencia y oficio alcanzado, siendo el mínimo nivel escalafonario de ingreso la Categoría 10 del régimen legal vigente, en los agrupamientos PAyT y POMys según la especialidad de cada agente”.
Establece, además, la obligatoriedad de que el Estado compense “los aportes actualizados a la Caja Previsional de la Provincia, que no fueron realizados durante los años trabajados en el Programa, para garantizarles el legítimo derecho a la jubilación”.
El proyecto, ingresado como asunto de particulares el pasado martes 30 de noviembre, plantea que “el Poder Ejecutivo, los demás poderes y organismos descentralizados y autárquicos” contarán con un plazo máximo de 90 días, desde la reglamentación de la norma, para concretar “el ingreso de la totalidad de los beneficiarios que revisten en la actualidad en la órbita de la Administración Pública Provincial”.
Propone también la creación de una comisión legislativa de seguimiento, integrada por un miembro por bancada política, que estará en encargada “de garantizar la transparencia y el cumplimiento” del proceso.
En el fundamento del proyecto se indica que en la actualidad hay más de 270 beneficiarios del PEL que “en su mayoría prestan servicio en establecimientos educativos como personal de limpieza o de copa de leche”, algunos de los cuales ya cuentan sobre sus espaldas con “más de 15 años de «entrenamiento Laboral”.
