El grupo empresario Mirgor manifestó un claro interés en involucrarse en el desarrollo del puerto de Ushuaia, específicamente en la construcción de una terminal internacional de pasajeros y de catamaranes. Esta propuesta se enmarca en el contexto de un anteproyecto presentado a la Dirección Provincial de Puertos (DPP), cuyo presidente, Roberto Murcia, compartió por FM Master’s detalles sobre la iniciativa, señalando que se trata de un paso significativo para el futuro de la infraestructura portuaria en la región.
Murcia explicó que la DPP recibió el anteproyecto de Mirgor en el marco de lo que establece la ley de iniciativa privada. «Nosotros recibimos un anteproyecto de una iniciativa privada acorde a lo que establece la ley de iniciativa privada para la construcción de una terminal de pasajeros internacional y de catamaranes. El proyecto va en concordancia con un proyecto que nosotros estamos llevando adelante», afirmó el funcionario, subrayando la coincidencia entre la propuesta de Mirgor y los planes del gobierno provincial.
El interés de Mirgor no es un hecho aislado, sino que forma parte de un contexto más amplio en el que el puerto de Ushuaia busca modernizarse y mejorar sus servicios, especialmente en lo que respecta al manejo de pasajeros. Sin embargo, la concreción de este proyecto no depende exclusivamente de la voluntad de las partes involucradas, sino que requiere de un proceso legislativo y administrativo que garantice la transparencia y la legalidad de la operación. «Lo que nosotros hicimos fue informarle a Mirgor que recibimos el proyecto de ellos, que generamos un número de expediente para cuando tengamos el proyecto definitivo y la Dirección Provincial haga la licitación», detalló Murcia.
Uno de los principales obstáculos para la realización de este proyecto es la falta de recursos financieros por parte del Estado provincial. Según Murcia, «nosotros no contamos con el dinero como para hacer una terminal. Estamos hablando de una inversión entre 28 y 38 millones de dólares, el puerto no cuenta con ese dinero».
No obstante, el camino hacia la materialización del proyecto es complejo y requiere de un proceso de licitación pública que asegure la participación de todos los interesados. «No puede haber una contratación directa a Mirgor, sí o sí hay que hacer una licitación que está abierta para todos los oferentes que se quieran presentar», aclaró Murcia, haciendo hincapié en la necesidad de que se cumplan los requisitos económicos, como el canon de uso que se pagará por utilizar las instalaciones portuarias y el período de tiempo de la concesión.
La rentabilidad del proyecto también es un aspecto clave en la negociación. Según explicó Murcia, «tenemos lo que se denomina una tasa de pasajeros, que paga cada uno de los pasajeros que usan la infraestructura portuaria. Parte de esa tasa de pasajeros se la quedaría el grupo como rentabilidad de su proyecto y recupero de la inversión». Esta modalidad permitiría a Mirgor recuperar la inversión realizada, asegurando al mismo tiempo la viabilidad económica de la terminal.
El funcionario aclaró que la iniciativa se limitará exclusivamente a la terminal de pasajeros, sin injerencia en otras actividades portuarias. «Para hacer una comparación que no es correcta, es más o menos como el aeropuerto, o sea, es la terminal del aeropuerto nada más, pero después no tiene ningún tipo de injerencia en absolutamente ninguna actividad que esté relacionada con el puerto», puntualizó.
La sinergia con Mirgor en el desarrollo portuario no se limita a Ushuaia. Según informó Murcia, también existen conversaciones avanzadas con la empresa para que el Estado tenga una participación relevante en el complejo portuario privado que el grupo construye en Río Grande. «Nosotros tenemos conversaciones avanzadas con el grupo Mirgor para ser parte del complejo portuario de Río Grande, no es que el Estado va a estar ausente, absolutamente para nada», aseguró, destacando la importancia de la presencia estatal en este tipo de proyectos.
Finalmente, el presidente recordó que cualquier avance en la iniciativa de la terminal de pasajeros deberá contar con el aval de la Legislatura provincial. «La ley 69 original, dentro de las facultades le otorgaba al presidente privatizar y concesionar espacios públicos dentro del puerto. En el año 2003, ese artículo fue modificado por ley de la Legislatura y establece que esa facultad es posterior a otra ley de la Legislatura que debe dar el acuerdo para eso. Yo antes de hacer la licitación tengo que mandar, en la propuesta de la licitación y la propuesta de iniciativa privada, para tener acuerdo legislativo por. Y después recién puedo hacer el llamado», explicó finalmente Roberto Murcia, subrayando la importancia del respaldo legislativo para avanzar en el proyecto.
