Vialidad Nacional iniciará el proceso con el corredor vial 18, en un contexto de más de tres décadas de fracasos en la gestión de la red vial argentina. El sistema propuesto rememora modelos anteriores, sin evitar las críticas.
El Gobierno nacional ha redactado un decreto que, a la espera de la firma presidencial, dará inicio a un plan de privatización de rutas, comenzando con el corredor vial 18. Este paso se enmarca en una larga historia de intentos fallidos de distintos gobiernos por resolver la crisis vial del país, marcada por altos índices de accidentes, precariedad estructural y deficiencias en la gestión pública y privada.
El corredor vial 18, actualmente gestionado por Caminos del Río Uruguay (Crusa), incluye las rutas nacionales 12 y 14, así como el puente Rosario-Victoria, y su concesión vence en abril próximo. Según fuentes oficiales, el proceso dividirá la licitación en dos tramos. “Vamos a empezar con el corredor vial 18. Lo vamos a dividir en dos tramos. Por un lado, el oriental, que serían las rutas nacionales 12 y 14, y el que hoy le dicen conexión, que es el puente Rosario-Victoria. El decreto está redactado y espera la firma”, señaló una fuente de Vialidad Nacional.
Este nuevo esquema apunta a ser “autosustentable, sin canon ni subsidio” y contempla ajustes automáticos de tarifas trimestrales. Además, se establece que las concesionarias mantendrán la tarifa vigente hasta garantizar la “transitabilidad segura”, con condiciones como el bacheo, el calce de banquinas, la señalización adecuada y la reparación de iluminación.
La propuesta, sin embargo, revive debates históricos. Desde la privatización de 1990 bajo el gobierno de Carlos Menem, el sistema vial ha pasado por diversas modalidades de gestión, incluyendo concesiones, gerenciamientos y el modelo de participación público-privada (PPP) implementado durante la presidencia de Mauricio Macri. Ninguno logró resultados sostenibles. Durante la última gestión de Alberto Fernández, se revirtieron las PPP y las rutas quedaron bajo la órbita de Corredores Viales, una sociedad del Estado.
El contexto actual expone la gravedad de la situación. Según un informe del Ministerio de Obras Públicas de 2021, solo un 31% de la red vial nacional se encuentra en buen estado, mientras que un 40,7% está en mal estado. A ello se suma el ranking de Zutobi de 2022, que posicionó a Argentina en el puesto 54 entre 59 países analizados por la calidad de su infraestructura vial.
El modelo que se proyecta para el corredor 18 es similar al implementado en los años noventa. Entonces, como ahora, se apostó por concesionarios privados encargados del mantenimiento y la obra, financiados mediante peajes. No obstante, el historial incluye tarifas rezagadas, incumplimientos contractuales y denuncias de corrupción, como la causa “cuadernos”, donde exfuncionarios admitieron el retiro de dinero irregular de las concesionarias.
El rol de Vialidad Nacional también genera interrogantes. La institución, históricamente cuestionada por su gestión, será la encargada de supervisar el proceso. Su actual administrador, Marcelo Jorge Campoy, ocupó el mismo cargo durante la presidencia de Menem, cuando se inició el esquema de privatización por tramos.
Mientras se definen los detalles del decreto, la crisis vial persiste como una de las más profundas del país. Las rutas, en su mayoría deterioradas, son escenario de accidentes frecuentes, mientras los usuarios pagan peajes por servicios que no siempre garantizan mejoras en la infraestructura.
Con pocas novedades respecto a los sistemas previos, el desafío principal será evitar que este nuevo plan termine replicando las falencias que han caracterizado las últimas tres décadas. La experiencia reciente muestra que, aunque cambien los nombres, los problemas estructurales suelen permanecer inalterados.
