Milei intensifica el ajuste fiscal con despidos, eliminación de organismos y reducción de estructuras estatales. Busca achicar el gasto público en un 30%, priorizando organismos descentralizados y áreas sociales clave.
La administración del presidente Javier Milei puso en marcha una nueva etapa de ajuste estatal, centrada en recortes masivos de personal y la eliminación de organismos públicos, con el objetivo de reducir el gasto público en un 30%.
Bajo la conducción del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el plan se presenta como una continuidad de las medidas adoptadas en 2024, cuando más de 200 áreas y cerca de 100 secretarías fueron eliminadas bajo el argumento de funcionalidad obsoleta o duplicada. Ahora, se busca profundizar esta estrategia en un lapso de 163 días, límite otorgado por el Congreso a través de la ley Bases.
El ajuste incluye la eliminación de organismos descentralizados como la Secretaría de Vivienda y Hábitat, así como el cierre de entes emblemáticos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Comisión Nacional del Microcrédito (CONAMI).
Según fuentes del gobierno, el criterio es evaluar cada organismo en función de su alineación con los objetivos de un «gobierno liberal». Al respecto, funcionarios cercanos a Sturzenegger afirmaron: “Revisamos competencias que deben quedar y cuáles no. Por ejemplo, no creemos que el gobierno nacional deba hacer viviendas”.
Entre los ministerios más impactados figura el de Capital Humano, que concentra funciones previamente distribuidas entre Trabajo, Desarrollo Social y Educación. Según los últimos datos del INDEC, este ministerio concentra el 32% de los trabajadores de la administración centralizada, con 14.057 empleados sobre un total de 43.691.
Fuentes internas aseguran que el recorte de personal, que ya se había aplicado en 2024, se acelerará antes de fin de año. La ministra Sandra Pettovello habría ordenado culminar los despidos programados antes de las fiestas para evitar tensiones en un periodo socialmente sensible. El concepto de «dotación óptima» guía estas decisiones, aunque el número exacto de desvinculaciones sigue siendo un punto de debate interno.
En el ámbito de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP, el ajuste apunta a una reducción del 38% en su estructura. Según las proyecciones oficiales, se espera que en 2025 el organismo opere con menos de 20.000 empleados, lo que implica entre 1.700 y 1.800 despidos adicionales. Juan Pazo, a cargo de ARCA, implementará medidas como retiros voluntarios y jubilaciones de oficio para alcanzar esta meta.
El sector social también será foco de recortes significativos. Cerca de 6.000 empleados revisten en esta área, y Sturzenegger ha expresado su intención de reducir 2.000 contratos. A pesar de las reuniones casi diarias entre funcionarios de Desregulación y del Ministerio de Capital Humano, algunos roces internos han trascendido en los últimos días.
Fuentes oficiales, sin embargo, atribuyen las versiones de tensiones a maniobras sindicales. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta frente a la «inminente nueva ola de despidos».
El cierre de empresas públicas, como la Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA), también forma parte de la estrategia. Según el ministro de Defensa, Luis Petri, esta decisión responde al criterio de eliminar funciones que el gobierno considera no prioritarias.
En paralelo, sectores como Salud registraron más de 1.400 bajas en las últimas semanas, muchas de ellas debido a la no renovación de contratos temporales.
Mientras tanto, el gobierno busca intensificar el ajuste fiscal antes de que comience el debate político de cara a las elecciones legislativas. “Hay excesos, redundancias y duplicaciones por todos lados. Hay programas de miles de millones que fueron otorgados de manera fraudulenta”, argumentaron fuentes cercanas a Sturzenegger, quien denomina este proceso como la “motosierra 2.0”.
El panorama genera incertidumbre tanto dentro como fuera del ámbito estatal. Por un lado, las autoridades aseguran que no avanzará con «dogmatismo» ni con «una cifra fija e inamovible». Sin embargo, en sectores críticos como Economía, Desregulación y Hacienda, las reuniones para definir los próximos pasos se desarrollan de forma constante, con el objetivo de acelerar el cumplimiento de metas antes de que los efectos sociales y políticos del ajuste se tornen insostenibles.
