El gobierno provincial admitió la falta de fondos para ejecutar la
ley, pese a haberla promulgado en diciembre. Mientras gestiona
un préstamo oneroso, las contradicciones en la planificación
exponen fisuras en la gestión.
La emergencia en seguridad declarada en Tierra del Fuego sigue siendo
una promesa incumplida. Durante una reunión de la Comisión de
Seguridad de la Legislatura Provincial, el ministro Agustín Tita y el
viceministro Jorge Canals reconocieron que, pese a la habilitación de un
endeudamiento de hasta $10.000 millones, el proyecto carece de
financiamiento concreto.
La revelación surgió al responder a pedidos de informe de La Libertad
Avanza, donde también se abordaron temas como la contención
psicológica para efectivos y la fuga de dos detenidos en Ushuaia.
Canals, vicejefe de Gabinete, admitió que el gobierno provincial enfrenta
una «profunda crisis financiera», con una caída del 7% en la
coparticipación y una merma de hasta el 10% en la recaudación local, lo
que generaría un faltante estimado de $10.000 millones. La paradoja es
evidente: mientras el funcionario aseguró haber trabajado «desde hace
un tiempo» en un plan integral, ahora confiesa que las arcas provinciales
no permiten avanzar.
La ley, promulgada en diciembre pasado, contemplaba dos vías de
financiamiento: un crédito por $10.000 millones -aún no autorizado por el
Banco Central- y una asignación de $4.000 millones del Tesoro fueguino.
Sin embargo, hasta ahora solo se consiguió un préstamo de $2.500
millones con el Banco de Tierra del Fuego (BTF), destinado a la compra de
móviles policiales bajo una tasa del 29%, una condición que refleja la
urgencia y el costo de la improvisación.
La situación expone inconsistencias en la planificación. Canals mencionó
obras prioritarias, como la nueva alcaidía de Ushuaia -cuyo presupuesto
superaría los $7.000 millones-, pero no aclaró cómo se sostendrían en
medio de la crisis. Además, la contención psicológica para agentes sigue
en stand by, pendiente de un operador externo.
Las respuestas escritas sobre la fuga de marzo, entregadas «por razones
de seguridad», y los retrasos en las licitaciones profundizan la
desconfianza. Los legisladores se preguntaban si el gobierno subestimó su
crisis o prometió lo imposible, sin encontrar respuestas certeras.
Mientras tanto, la emergencia en seguridad sigue siendo, apenas, una
declaración sin recursos.
