Por Néstor Schumacher.- En su 4° Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia aprobó la prohibición de circulación para colectivos de más de 24 plazas en el microcentro, comprendido entre San Martín, Yaganes, Gobernador Campos y ARA Guaraní. Dado que el proyecto fue presentando sobre tablas, quedando relegada la discusión sobre el impacto de la medida, surge la interrogante: ¿qué pasa con el turismo?
Hay una realidad: el centro de la ciudad de Ushuaia, en horario pico, está explotado. Una combinación de gran parque automotor, pocos lugares para estacionar y el aliciente de los colectivos turísticos hacen un infierno desplazarse por las calles principales. Ante esta cuestión, la concejal oficialista, Yésica Garay, presentó un proyecto que luego de ser ingresado por tablas, fue votado mayoritariamente por el cuerpo legislativo, solo con la negativa de Belén Montes de Oca y las ausencias de Fernando Oyarzún y Laura Ávila.
La medida generó cierta tensión y polémica con el sector principalmente afectado como es el turismo. Sacando el problema de la falta de discusión o trabajo en comisiones, algo que las y los integrantes del Concejo prometieron al inicio de sus mandatos, hay algo más grave: en análisis lineal a la hora de buscar una solución a un problema.
Hojeando el proyecto, los fundamentos repiten lo que venimos desarrollando en párrafos previos. Hay una cuestión de facilitar el tránsito y también evitar posibles accidentes, más si pensamos en la temporada de invierno, la propia topografía del centro y las dimensiones de los colectivos. No obstante, la prohibición como tal “tapa” un agujero, pero genera otros: ¿cómo será el traslado de las y los turistas a los establecimientos? ¿Es la limitación suficiente o generará problemas en otras calles como Magallanes? ¿Qué cambios podría tener el sistema de traslados turísticos? Y cuando se den esos cambios ¿qué otros impactos podría generar?
Este no es un tema menor, dado que de los 260 establecimientos habilitados por el municipio para ofrecer el servicio de alojamiento, sean hoteles, hosterías, albergues o departamentos temporarios, que pueden alojar a unos 3.300 pasajeros en el área afectada, se le suman empresas de transporte, remises y taxis. Imagino que muchos y muchas de ellas les hubiese gustado expresar su opinión, quizás llegando a una solución mejor como podría ser, en el caso del riesgo por las subidas, solo circular por San Martín pudiendo subir en Yaganes, o si el problema principal pasaba por la congestión del tránsito, generando bandas de horarios para la subida y bajada de pasajeros.
El objetivo del Concejo Deliberante es encontrar soluciones a las dificultades que encuentran los vecinos y vecinas de la ciudad. Por ende, y a través del voto popular, las y los representantes electos establecen una serie de ordenanzas para, valga la redundancia, ordenar la vida en comunidad. Sin embargo, quiénes nos representan son humanos, pasibles de falencias: no saben de todo y no pueden pensar en todas las repercusiones sobre cada decisión. Si bien existen los asesores y asesoras, también están los espacios para dialogar con las y los afectados, que es la comisión. Si un proyecto no pasa por comisión, nos quedamos con una parte. Según Garay, autora del proyecto “lo que no puede pasar es que 60.000 personas que quieran circular en el caso antiguo sean rehenes de 1 o 2 micros que no tienen que estar en ese lugar”, con lo que acuerdo. Mi pregunta es: ¿No podía tomarse una semana de debate en comisión para generar un consenso general? Pensemos que la Ordenanza N° 3.094, que prohíbe fumar en espacios cerrados, tuvo un trabajo de múltiples sectores, y es algo bastante más obvio.
A mi humilde entender, el problema es que el Concejo, o algunos de sus miembros, escapan al concepto de multicausalidad. El diagnóstico del problema está perfecto, pero la idea es que el ámbito legislativo genere soluciones, no una transferencia del inconveniente. Si, por los fundamentos del proyecto inferimos que hay un problema de tránsito y uno de seguridad, tenemos que pensar en modificaciones que brinden soluciones, no llevar una complicación del plano general al particular. Caer en que “si el problema son los colectivos en el centro, prohibimos los colectivos en el centro” quizás explica más de una cuestión que nos pasa en la actualidad.
No es ninguna novedad que el casco histórico concentra buena parte de los alojamientos, pero las atracciones están descentralizadas: el parque está en una punta, los catamaranes sobre la costa con una avenida de acceso, el Museo ahora tiene restringida la entrada por una de sus calles (Yaganes) y los centros invernales como destino no se ven afectados. Escuchar la voz del sector turístico, principal motor de la economía local y generador de empleo privado, quizás no sea una mala idea; así como abrir el debate a la comunidad. A primera vista de los fundamentos, aparecen soluciones para por lo menos explorar como son las limitaciones “blandas”, ya sea en temas de horario o tipo de circulación entre otras. También, se puede proponer alternativas como una transición hacia vehículos de menor porte, quizás hasta acompañando este cambio con algún beneficio o incentivo; o un espacio para que los pasajeros transportados hagan el trayecto final en un vehículo aprobado. Las intenciones son buenas, hay un problema de metodología.
Concluyendo, para modificar los hábitos de un sector tan grande, creo que lo mejor sería escucharlos. Imagino a las cámaras planteando dificultades con las personas de movilidad restringida, o más tiempo de preparación para adaptarse (el proyecto ingresó el 24 de mayo), el tema de los seguros o como la prohibición llevará la congestión de San Martín a Magallanes. Mismo problema, distinta locación. Si la problemática es de suma urgencia, existen las sesiones extraordinarias, y si el problema existe hace años: ¿Por qué tanto apuro?.
