La Justicia dictaminó la inconstitucionalidad de la ordenanza que prohíbe el funcionamiento de Uber en Río Grande. La resolución, que deja sin efecto multas impuestas a conductores, también insta al Concejo Deliberante a crear un marco normativo para regular el transporte a través de plataformas digitales.
El fallo, emitido por el Juzgado Correccional de Río Grande, cuestiona la ordenanza vigente desde 2016, argumentando que constituye un ejercicio ilegítimo del poder municipal y anula el derecho a trabajar, comercializar y ejercer una industria lícita.
Además, destaca la falta de reglamentación para el servicio de transporte mediante aplicaciones móviles, calificándolo como una actividad prohibida de manera absoluta y sin límites temporales.
El juez Pedro Fernández, quien firmó la resolución, declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza y dejó sin efecto multas e infracciones impuestas a un conductor de Uber.
Asimismo, exhortó al Concejo Deliberante a establecer, en un plazo razonable, una reglamentación para el funcionamiento del transporte privado de pasajeros a través de plataformas digitales.
En el fragmento central de la resolución, el juez Fernández menciona como argumento principal que “la ordenanza es inconstitucional al tratarse de un ejercicio ilegítimo del poder de policía municipal por aniquilamiento del derecho a trabajar, comercializar y ejercer industria lícita”.
Más adelante, la argumentación del magistrado da cuenta de que “la falta de reglamentación y habilitación del servicio de transporte mediante aplicaciones móviles demuestra que se trata de una actividad prohibida de manera absoluta y sine die”.
En tanto, los breves incisos de la resolución simplemente expresan “hacer lugar al recurso interpuesto y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza”. A renglón seguido, “dejar sin efecto la multa aplicada y declararlo no responsable de la infracción”. Y finaliza con el exhorto al Concejo Deliberante para que “en el plano razonable establezca la reglamentación para el funcionamiento de transporte privado de pasajeros mediante plataformas digitales”.
El fallo implica un cambio significativo en la regulación del transporte en Río Grande y plantea un desafío para las autoridades, que deberán abordar la creación de un marco normativo que reconozca y regule las operaciones de plataformas digitales de transporte, como Uber.
