Marcelo Domato, ingeniero civil y miembro del Colegio de Ingenieros de Tierra del Fuego, examinó las características del sistema de obras público-privadas en Chile y las posibles implicaciones para Tierra del Fuego. Anticipó, por FM Master’s, que estas reflexiones surgen en el contexto de las declaraciones del presidente electo Javier Milei, quien ha expresado interés en adoptar un sistema similar al chileno.
«La obra pública se manifiesta con los tres niveles, hay obra pública financiada por el Estado nacional, pero también financiada por el Estado provincial y por los Estados municipales» contextualizó inicialmente el ingeniero.
Domato explicó que, en Argentina, la obra pública se financia a través de fondos nacionales, provinciales, municipales y acuerdos específicos con entidades nacionales para proyectos locales. Sin embargo, resaltó que querer adoptar un sistema «a la chilena» no implica replicar completamente el modelo chileno, ya que la mayoría de las obras públicas en Chile se financian de manera similar a Argentina: «Querer sostener la obra pública a la chilena, es solo una parte, un porcentaje chico de la obra pública que se hace en Chile» dijo.
En Chile, el 80% al 85% de la obra pública se realiza de manera tradicional, financiada por entidades estatales a nivel nacional, regional o municipal. Domato destacó que la participación público-privada en Chile se aplica en aproximadamente el 15% de los casos, y se basa en una ley que rige desde hace más de 30 años: «En Chile es bastante más cerca de 15% que del 100%. Muchísimo más chicas».
El sistema de participación público-privada en Chile implica que los contratos incluyen el diseño del proyecto, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento durante ciertos años. A diferencia del modelo argentino, en Chile, la gestión de una obra puede estar en manos de empresas privadas o consorcios: «Esa concesión puede ser por peaje, o puede ser con un pago directamente que vuelve a hacer por el Estado».
Sin embargo, señaló que, en última instancia, la financiación de estas concesiones puede recaer en el Estado, ya que los bancos a menudo juegan un papel fundamental en la financiación de la construcción de obras públicas.
El ingeniero concluyó resaltando la posibilidad de que la implementación de un sistema similar en Argentina podría mejorar la eficiencia en la ejecución de obras en lugares donde el retorno de la inversión está garantizado: «Una de las bondades que tiene este sistema, según lo que dicen los mismos chilenos que lo han aplicado, es que el poder concesionar esos lugares, donde el recupero está asegurado, permite que el Estado se ocupe de las obras en los lugares en los cuales no es rentable» concluyó el experto.
