Por Elías García.
Tras conocerse el pedido de prescripción de la causa por torturas durante la Guerra de Malvinas, por parte de la Defensa Oficial a cargo del abogado Guillermo Garone; el CECIM La Plata, parte querellante, se refirió a una “medida dilatoria”, teniendo en cuenta que se cumplieron las temporalidades para presentar a excepciones en distintos momentos de la investigación.
El abogado Jerónimo Guerrero Iraola (CECIM) manifestó que hay una intencionalidad de cambiar el foco de la discusión, que involucra a 95 militares denunciados, 120 denunciantes y 105 casos de tortura. “He participado de audiencias, declaraciones, leí el expediente en varias oportunidades, nunca hasta ahora nadie ha negado la comisión de tortura; todo lo que se discute son cuestiones de si están prescriptas o no, si son punibles en términos de persecución penal, hasta ahora nadie nunca se presentó y dijo ‘yo no torturé un soldado’”, afirmó.
“Son graves violaciones de derechos humanos y el Estado tiene la obligación de ir hasta las últimas consecuencias; lo interesante sería que la justicia tome esta dimensión y ponga el foco donde lo tiene que poner, ninguno de los 95 militares denunciados se presentó a la justicia a decir ‘yo no fui’”, prosiguió.
“Tenemos la expectativa de que las personas denunciadas sean procesadas, entendemos que hay elementos para proceder en esa línea y obviamente la justicia nunca va a estar a tiempo porque llevamos 13 años de dilación en relación al curso de investigación con lo cual nuestras demandas siempre son para ayer, nunca a futuro; los tiempos están recluidos”, manifestó el representante legal del CECIM.
En cuanto a los plazos de la causa el abogado comentó que “tiene una complejidad que amerita, lógicamente, a veces tomarse tiempos para cuestiones que son muy sensibles”; sin embargo, solicitó celeridad para avanzar con la indagatoria a los 91 militares restantes.
“A este ritmo la causa va a tardar cien años, es una cuestión que no nos podemos permitir y la expectativa tiene que ver con conseguir las elevaciones a juicio y audiencias de debate, y que allí se discuta todo lo que se tenga que discutir”, sumó.
“Entendemos que los denunciados tienen el derecho de ejercer su defensa en forma amplia y somos muy respetuosos del proceso porque queremos que, justamente, que cuando obtengamos las condenas nadie pueda decir que no se guardaron las garantías constitucionales y convencionales; eso nos parece central”, concluyó.
