El titular del sindicato SETIA abordó la crítica situación del sector en los últimos meses, con el cierre de varias empresas por su exclusión del sub régimen de promoción industrial, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores.
Rodrigo Cárcamo, titular del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), detalló en FM Master’s la crítica situación del sector, marcada por el cierre de varias empresas y la exclusión del sub régimen de promoción industrial, lo que ha generado un impacto directo en los trabajadores.
“La situación inició como terminó el año pasado. En estas empresas que han quedado por fuera del decreto todavía no hay una definición”, explicó Cárcamo, quien agregó que algunas compañías han iniciado acciones judiciales mientras continúan operando a la espera de una resolución definitiva.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Barpla, una empresa que, tras enfrentar cuestionamientos sobre sus procesos productivos, se vio obligada a despedir a su personal. “Barpla inició una acción judicial, pero al tener los procesos productivos en cuestionamiento, no podía producir y terminó despidiendo al personal. La empresa estará esperando la determinación final de la justicia”, señaló el sindicalista. Por otro lado, Fabri Sur optó por trasladar sus operaciones a la provincia de San Luis, aunque continúa produciendo para cumplir con los pedidos de sus clientes.
El panorama actual es desalentador: de las empresas que permanecen activas, solo nueve continúan operando, y si dos de ellas cierran, el número se reduciría a siete. Según Cárcamo, esto afectaría directamente a entre 350 y 400 operarios.
“El problema de abastecimiento no sería tal. La gran complicación, que no es solamente de las empresas en la isla, es la venta”, afirmó, destacando que la falta de capacidad de compra de la población ha agravado la situación.
La Fundación Proteger, que monitorea constantemente el sector, reportó que el año pasado se perdieron más de 10.000 empleos en la industria textil, considerando únicamente a trabajadores registrados. “Sabemos que el personal que está de manera irregular o en negro siempre es una cantidad similar o, en algunas provincias, mucho más”, indicó Cárcamo.
En la provincia, el impacto es significativo: aproximadamente el 50% de los trabajadores se ha visto afectado, lo que equivale a unas 400 personas.
El sindicalista atribuyó gran parte de esta crisis a las políticas económicas implementadas por el actual gobierno nacional. “El impacto negativo es desde que asumió este nuevo gobierno nacional. Está muy claro que la política económica no está orientada hacia la industria nacional”, afirmó.
Entre las medidas que han afectado al sector, Cárcamo mencionó la devaluación del 120% al inicio de la gestión, que redujo drásticamente el poder adquisitivo de la población, la falta de homologación de las paritarias con la inflación y los aumentos desmedidos en las tarifas de servicios.
Aunque las importaciones no han golpeado tan fuerte como en otros momentos, debido a la baja capacidad de compra, Cárcamo advirtió que la situación podría empeorar a nivel nacional. “Entendemos que en algún momento va a caer esta situación a nivel nacional”, expresó, subrayando la incertidumbre que rodea al sector.
