El secretario del Juzgado Federal de Río Grande, analizó la medida cautelar de suspensión del incremento tarifario de gas por 90 días dictada por la jueza, y analizó los impactos cuando la magistrada resuelva, en los próximos días, la cuestión de fondo.
El Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, avanza significativamente en el análisis judicial de fondo sobre el incremento tarifario del gas en Tierra del Fuego. Este proceso se encuentra en una etapa crítica tras la reciente medida cautelar que suspende los aumentos de tarifas por un período de 90 días, por pedido del gobierno de la provincia. El Dr. Juan Vicente, secretario del Juzgado, proporcionó por FM Master’s detalles sobre los impactos de esta resolución y los pasos futuros en la evaluación de la cuestión de fondo.
El gobierno de Tierra del Fuego presentó una acción de amparo cuestionando dos resoluciones emitidas por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y la Secretaría de Energía, que establecieron el nuevo cuadro tarifario reflejado en las recientes facturas. Vicente explicó que «la finalidad del juicio es analizar este pedido de revocación de estas resoluciones, eso es lo que se juzga en la causa en general». Para llegar a una decisión final, se necesita realizar una apertura a prueba y considerar las opiniones de todas las partes implicadas.
La jueza Borruto, en respuesta a la solicitud de medida cautelar del gobierno provincial, ordenó a la empresa Camuzzi que no efectuara cortes en el suministro de gas para evitar perjuicios a los usuarios mientras se resolvía la cuestión cautelar.
Tras recibir las respuestas de los entes nacionales y de las partes involucradas, la jueza suspendió los aumentos tarifarios por los próximos tres meses. Durante este periodo, se espera que se llegue a una resolución final sobre el caso.
En relación con la compensación de lo ya pagado por los usuarios, Vicente aclaró que la jueza determinó que esto «todavía no constituye la urgencia suficiente para tratarlo ahora y lo vamos a tratar al final cuando resolvamos de manera definitiva la causa». De este modo, aunque las tarifas aumentadas no son exigibles y los usuarios no están obligados a pagarlas, la devolución de los montos abonados se abordará más adelante.
Una situación particular que destacó Vicente es la de aquellos usuarios con débito automático, quienes, si pagan voluntariamente, no podrán exigir la devolución del dinero.
«El usuario puede pagar o puede optar por no pagar y esperar a ver qué se resuelve, en definitiva, esas son las opciones con las que cuenta», explicó Vicente, indicando que no debería haber generación de intereses por falta de pago debido a la suspensión de la exigibilidad.
La medida cautelar tiene como objetivo principal asegurar que los efectos de una eventual sentencia no se vuelvan abstractos, es decir, que la resolución judicial tenga impacto real y tangible en la población afectada. Vicente comparó esta precaución con la prisión preventiva en materia penal, destinada a evitar que el imputado evada el proceso judicial.
El contexto de este caso incluye aumentos tarifarios de entre el 700 y el 1000 por ciento de un mes a otro, sin cambios en los consumos, lo cual Vicente calificó como «desproporcionado y poco previsible». Esta situación justifica la verosimilitud del reclamo y la necesidad de una medida cautelar para evitar consecuencias no deseadas durante el tiempo que tarda el proceso judicial en llegar a una sentencia.
En conclusión, la intervención judicial en el caso de los aumentos del gas en Tierra del Fuego busca equilibrar los intereses de los usuarios y las empresas suministradoras, garantizando que cualquier decisión final tenga un impacto efectivo y no meramente teórico. La próxima resolución de la jueza Borruto sobre el fondo del asunto será crucial para definir el futuro tarifario en la provincia.
