El mismo día en que el Gobierno oficializó el cierre de las exportaciones de carne por 30 días, la Mesa de Enlace inició su paro de 9 días en rechazo a esta medida. De acuerdo a la dirigencia, el cese de comercialización no afectará el normal abastecimiento de carne en los principales centros urbanos.
Las entidades rurales agrupadas en la Mesa de Enlace tomaron la decisión unánime de oponerse a la medida nacional. La reacción se extendió incluso a otros sectores empresariales, como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
Por su parte, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) advirtieron sobre las consecuencias negativas de una suspensión de las exportaciones, tanto por la falta de ingresos de divisas que representa como por la dificultad de recuperar los mercados perdidos.
En defensa de la medida adoptada, tanto el presidente Alberto Fernández como la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, sostienen que se trata de algo temporal que apunta a «ordenar» el mercado interno, luego de la importante suba de precios de todos los cortes de carne vacuna en los últimos meses.
Esa interpretación es rechazada por los referentes agropecuarios que en una posición conjunta indicaron que «una medida que restringe las exportaciones de carne no logrará evitar que haya inflación ni que bajen los precios de la carne de manera duradera», ya que «en el mediano plazo no sólo los precios habrán subido, sino que habrá menos producción, empleo y exportación».
«Estamos seguros de las consecuencias porque ya sucedió», señalaron, el alusión al cierre de exportaciones dispuesto en 2006, cuando «se cerraron las exportaciones de forma temporal, pero el mercado terminó siendo intervenido por 9 años».
