El Ministro de Energía y Minería de Nación, Juan José Aranguren, celebró ayer en el marco del Congreso Nacional de Abogados del Estado, realizado en el Teatro San Martín, el fin de la aplicación de la Ley de Emergencia Económica, afirmando que “este año, a días de terminar el proceso de actividad económica, la Ley de Emergencia Económica del 6 de enero del 2002 llega a su fin. Debemos recuperar los marcos regulatorios y no volver a incumplirlos”.
Esta decisión permitirá llevar adelante la renegociación de todos los contratos pendientes entre el Estado y el sector privado en materia de servicios públicos y empresas concesionadas.
La Ley fue sancionada en los incios del gobierno de Eduardo Duhalde, en el marco de las medidas destinadas a paliar la crisis desatada con el fin de la convertibilidad, y tras la salida anticipada del presidente Fernando de la Rúa a fines de diciembre de 2001, y la seguidilla de mandatarios interinos que asumieron la primera magistratura en un plazo del algo más de dos semanas.
La Ley de Emergencia Económica le dio a la administración de Eduardo Duhalde un marco jurídico de «excepción», que le permitió establecer la nueva relación del tipo de cambio, pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos; congelar tarifas y renegociar los contratos de los servicios públicos en manos de empresas privadas, y regular los precios de la canasta básica, entre otras cuestiones.
Esta norma era originalmente «por dos años», pero siempre al momento de su vencimiento, el Congreso -a pedido del Poder Ejecutivo- la extendía por otros dos nuevos años.
La última prórroga fue dispuesta en los últimos meses de 2015, al cierre del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
