Por Silvana Minue- El juez Javier De Gamas Soler −ex secretario del ex juez Juan José Galeano- imputado por el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA, había solicitado en febrero del 2023, su renuncia como titular del Juzgado de instrucción nº 1 del Distrito Judicial Sur al Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Carlos Gonzalo Sagastume, mientras su situación procesal estaba agravada debido a que la Cámara Federal le rechazó un “recurso extraordinario” por presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA, y ratificó que ese hecho fue de “lesa humanidad”.
En una breve carta, De Gamas de Soler, explicó que la renuncia condicionada al cargo que desempeña en el mencionado Poder Judicial es para acogerse al beneficio jubilatorio previsto en las Leyes N 561. 1456 y modificatorias. «La renuncia se encuentra sujeta al otorgamiento del beneficio jubilatorio y es efectuada en los términos y alcances de lo dispuesto en el art. 69 de la Ley N 561 y modificatorias», indicó.
Finalmente, este lunes, se constituyó el Consejo de la Magistratura en la ciudad de Ushuaia, órgano encargado de la designación y remoción de jueces, para tratar el caso del magistrado. Así los consejeros de la Magistratura votaron por solicitar información de la causa al juzgado de origen, mostrándose «preocupados» por un tema que lleva 20 años en el tapete y en la mira periodística. Justamente el legislador Pablo Villegas “manifestó su preocupación” respecto de noticias en torno a la situación procesal del juez.
Mientras que el juez Ernesto Loffler, como presidente del Consejo también se comunicó con sus pares del Superior Tribunal de Justicia, los cuales remitieron la información de que De Gamas puso a disposición su renuncia, condicionada al inicio del trámite del beneficio jubilatorio.
El juez se encontraba siendo cuestionado por distintas organizaciones relacionadas a la Causa AMIA, como «Memoria Actica» en el cual, su abogado, Dr. Rodrigo Borda sostuvo que «es inentendible que una persona de esa naturaleza haya quedado en ese lugar”. También, la directora del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), la abogada Paula Litvachky, abordó la situación del juez de Tierra del Fuego, opinando en su momento que «sigue en funciones porque goza de una defensa corporativa».
