Hace 25 años la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) explotaba por los aires como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado a las 9:53 de la mañana sobre la calle Pasteur 633, en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
El ataque, que dejó 85 muertos y más de 200 heridos, fue organizado por Irán y perpetrado por el grupo terrorista Hezbollah. La explosión afectó a más de mil viviendas y cientos de familias dañadas.
Recién en el 2001 se inicio el primer juicio oral por el atentado. Lo llevó a cabo el Tribunal Oral Federal 3 que, durante tres años, juzgó a 22 personas implicadas en el ataque terrorista.
El Tribunal juzgó la denominada «conexión interna» y logró comprobar que hubo una trama de encubrimiento y corrupción judicial liderada por el entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, los servicios de inteligencia, miembros de la comunidad judía como Rubén Baraja, el juez a cargo de la causa, Juan José Galeano y los dos fiscales federales que actuaron: Eamon Mullen y José Barbaccia.
Los implicados en el ataque terrorista fueron absueltos por diferentes irregularidades cometidas en su contra, mientras que los autores materiales del encubrimiento fueron puestos a consideración de la justicia federal.
En el 2004 el juez Galeano fue destituido por mal desempeño de sus facultades. La causa fue tomada por juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El magistrado realizó un pedido de detención contra ocho funcionarios iraníes, entre los que estaban ex presidente del país Alí Rafsanjani; el embajador Hadi Soleimanpour y el imán Moshen Rabbani. Irán rechazó los pedidos de captura por considerar que no existian pruebas.
En el 2013, el gobierno de Cristina Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Irán para que los acusados declaren en la causa en un país neutral o en Teherán. La comunidad judía lo rechazó y tramitó ante la Justicia una declaración de inconstitucionalidad que fue avalada por la Sala I de la Cámara Federal.
El gobierno kirchnerista recurrió esa decisión por considerar que se trata de una medida arbitraria pero cuando asumió la presidencia Mauricio Macri, el gobierno desistió de seguir con esa apelación y el memoradún quedó sin efecto.
El 14 de enero de 2015 el fiscal federal Alberto Nisman denunció a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a otros funcionarios del gobierno por presunto encubrimiento de los iraníes imputados en la causa AMIA.
Cuatro días después, Nisman apareció muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero. Al día siguiente iba a concurrir al Congreso para explicar los términos jurídicos y probatorios de la denuncia que había presentado contra la ex presidenta de la Nación.
El 6 de agosto de 2015 se inicio el segundo juicio por el atentado a la AMIA, que buscaba determinar la responsabilidad de trece implicados en una supuesta operación de encubrimiento.
En el juicio estaban acusados el ex presidente Carlos Menem, el juez Galeano, los fiscales Mullen y Barbacia, el dirigente de la comunidad judía Rubén Beraja, el comerciante de autos Carlos Telleldín, el jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y el comisario de la Policía Federal, Jorge «Fino» Palacios.
El 28 de febrero de 2019, después de tres años de audiencias públicas, Galeano, Mullen, Barbaccia, Anzorreguy y Telleldín fueron condenados por encubrimiento y delitos conexos. Menem, Beraja y Palacios fueron absueltos.
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Fuente: Infobae
