El secretario de Seguridad, Javier Eposto, defendió el accionar de la Policía provincial al desalojar a dos dirigentes barriales de la Margen Sur que pretendían permanecer en la delegación del Ministerio de Economía en Rio Grande, en reclamo por un bono extraordinario de gas envasado.
“No creo que se haya procedido mal”, dijo el funcionario al defender el accionar policial, remarcando que “cuando tomo un edificio público, seguramente voy a tener una contravención policial”.
Y detalló: “Ellos querían hacer una ocupación del lugar y antes de judicializar esto, preferimos que esto se termine con una contravención”.
Asimismo, negó que se haya tratado de una detención por parte de la fuerza policial: “Fueron trasladados a la Comisaría Primera para ser notificados de la contravención y se retiraron a sus domicilios”.
“Mientras reclamaron no hubo ningún tipo de problema y me parece muy bien que reclamen, el problema es cuando se quisieron quedar adentro y por eso se tomó la decisión que se tomó”, agregó en declaraciones a FM del Pueblo.
En ese sentido, Eposto sostuvo que “cuando el reclamo sea en los lugares que tienen que ser los reclamos, no habrá ningún tipo problema, pero el problema es cuando quiera ser tomando una oficina pública”.
“Esto no es de ahora, venimos trabajando de nuestra gestión para que no nos tomen los edificios públicos”, señaló Eposto.
Ante el reclamo por las dificultades de los vecinos para contar con el servicio de gas envasado, y el pedido de asistencia por parte del Gobierno, el funcionario sostuvo que “el ciudadano cuando va se le dan todas las respuestas habidas y por haber, pero cuando el reclamo está politizado no se puede trabajar”.
“Después se victimizan todos, pero el reclamo real de ayer es un reclamo político y se tienen que hacer cargo cada uno de los que se tienen que hacer cargo”, afirmó.
Sobre los dirigentes desalojados, Eposto señaló que “Raúl Chávez y Mariana Morales son dos dirigentes del partido FORJA”, por lo que “si quieren tomar un edificio público es una cuestión política”.
“En los reclamos de los vecinos se está trabajando y se está viendo cómo se puede ayudar, pero no se olviden que el límite (en la entrega de gas envasado subsidiado) lo pone Nación y no la provincia. Este es el primer octubre que tenemos este tipo de reclamo, así que creemos que detrás de esto hay un condimento político que tapa muchas veces las necesidades reales de los vecinos”, cerró.
Dirigentes negaron acusación
Los referentes barriales que fueron desalojados de la sede del Ministerio de Economía desmintieron las publicaciones en redes sociales que los señalaban como militantes de FORJA.
“Yo no soy del partido FORJA, soy un dirigente barrial, no hay que confundir a la gente. Lo que es real es el faltante de bonos de gas. Como referente tengo que elevar los reclamos que corresponden”, dijo Raúl Chávez, uno de los detenidos.
Chávez fue demorado por la policía en la tarde de ayer, junto a otros dirigentes que se encontraban reclamando la extensión de bonos de gas, luego de que las autoridades les avisaron que el edificio se cerraba y debían abandonar las instalaciones.
Ante la resistencia de las personas que allí se encontraban, fueron demorados en la dependencia policial bajo la figura de contravención y resistencia a la autoridad.
Los dirigentes barriales se encuentran reclamando que les entreguen más bonos de gas subsidiado hasta el mes de diciembre, ya que con ese subsidio el tubo de gas de 45 kilos cuesta $90, cuando sin el subsidio deberían pagar casi $1500.
