Una niña de 11 años está embarazada de cuatro meses producto de la violación de su padrastro y no se realizará un aborto. El hecho sucedió en la localidad de San Carlos, provincia de Mendoza, y fue denunciado públicamente por la maestra de la nena. En el contexto del debate parlamentario por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en la provincia cuyana no se aplica el Protocolo nacional de aborto no punible.
“La nena dio a conocer su intención de seguir adelante con el embarazo, luego de ser entrevistada por los especialistas. No va a haber aborto”, sostuvieron fuentes judiciales. Después del encarcelamiento de la mamá y el padrastro, la nena y sus cuatro hermanos fueron a vivir con sus abuelos a la localidad de Junín, donde fue enviada a la escuela.
Hace días, el caso conmocionó a la población mendocina cuando empezó a circular el audio que una docente de esa escuela había mandado a sus colegas para pedir ayuda porque la nena y sus hermanos “no tienen cuadernos, ni ropa, ni bombachitas, ni cartucheras, ni zapatillas, nada”. El audio se hizo viral y desató la polémica. Los chicos tienen 1, 6, 8, 11 y 12 años; el más pequeño no está anotado en el Registro Civil y el mayor tampoco tiene documento de identidad.
“Ya está actuando la OAL (Órgano Administrativo Local) para proteger los derechos de estos menores. Todos han quedado al cuidado de sus abuelos. El problema es que estos abuelos ya tienen al cuidado a otros nietos y por eso les han faltado útiles, colchones y hasta ropa y calzado para los recién llegados”, informó Mario Abed, intendente de Junín. También criticó la forma de actuar de la docente porque “los directivos de las escuelas saben que hay organismos para dar intervención y también está el municipio al que se puede pedir ayuda” y Abed consideró que “lo más grave de todo esto, es que pueden vulnerarse derechos de los chicos” porque en el audio está el nombre de la niña abusada.
La provincia de Mendoza está entre las que no adhirieron al Protocolo Nacional de Aborto no Punible, según el cual se permite la interrupción del embarazo que sea producto de una violación. En febrero de este año, la ministra de Salud mendocina, Elisabeth Crescitelli, afirmó que no adherirán al protocolo ni redactarán uno propio, a la espera de lo que sucederá con la ley de IVE en el Congreso. “Enfocarse en la discusión de un protocolo no es el centro del problema porque nosotros, de hecho, damos discusión y resolvemos los problemas del hospital público dentro de lo que es legal”, se excusó Crescitelli. El fallo de la Corte Suprema nacional que obligaba a las provincias a dictar el protocolo es de 2012.
En esa misma línea se manifestó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuando dijo que han “dado libertad” a sus diputados para votar como quieran la ley de IVE. “Algunos de nuestros diputados han firmado el proyecto de legalización del aborto, otros no, tienen una posición distinta”. Pero evitó dar de forma clara su postura personal. Aunque dijo estar “a favor de la vida”, frase que suelen esgrimir los militantes antiaborto, no se manifestó en contra del proyecto y señaló que es “un tema de salud pública, porque lo que se debate es cómo se trata este problema”. “Yo estoy por la vida y quienes están en contra están a favor de la vida”, opinó Cornejo.
En Salta, un caso similar obligó al gobernador Juan Manuel Urtubey a derogar su propio decreto que limitada el acceso a los abortos no punibles.
También Formosa adhirió al protocolo en el marco del debate por su legalización.
Fuente: Página 12
