En la tarde de ayer se percibió otra performance mediática del gobierno para atajar los golpes de la semana pasada, cuando todo el país salió a la calle a reclamar por el brutal aumento de los servicios del gas y la luz, y, de paso, para volver a poner en tapa a la candidata de Cambiemos, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
El presidente Macri, desde el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, grabó un video emitido por los medio durante la tarde en el que habló de un “esfuerzo compartido entre Nación y las provincias” para mantener hasta julio las mismas condiciones de beneficios para los sectores más vulnerables.
La presión apunta a los hogares del país que cuentan con el acceso a la tarifa social, aproximadamente un tercio de la población que se encuentra por fuera de la red de gas y reciben subsidio para la garrafa.
Si bien la reunión de las provincias con Aranguren se anunció como una reunión técnica, el ministro presentará una propuesta que deberán analizar las áreas de energía de las provincias, en el medio de las negociaciones que las mismas mantienen con Rogelio Frigerio. Pero las condiciones de la tarifa social seguirían como están por dos meses más sólo para aquellas provincias que aporten al «esfuerzo».
Dos meses más es lo que el gobierno intenta sostener la “ayuda” a los sectores más vulnerables. El ajuste nacional, oficialmente vendido por los grandes medios como “el cambio” llegó el año pasado a las provincias con el Pacto Fiscal, que las obligó a reducir ingresos brutos e impuestos a los sellos por el 1,5 por ciento del PIB en los próximos cinco años.
Con el Pacto, también iba atada la adhesión al proyecto de Reforma Previsional que finalmente se votó en el Congreso, entre amenazas a los senadores y heridos en las protestas. A esto también hay que agregar que las provincias ya no iban a la justicia para reclamar el Fondo del Conurbano adeudado, que suman unos 800 mil millones de pesos. A cambio, las provincias se quedarían con un bono de acuerdo con sus respectivos coeficientes de Coparticipación.
Ahora el gobierno se autoacuarteló luego del reclamo por el tarifazo, y espera de los gobiernos locales le respondan, siguiendo la misma línea trazada el año pasado. La discusión que vendrá será sobre quienes son los beneficiados con los incrementos en los servicios esenciales, pero sobre todo quien se hará cargo de las familias que no podrán solventar una boleta de gas a precio dólar.
