Mediante una resolución oficial, se permitirá asignar tareas
generales a internos que no participen en programas
productivos, con jornadas de ocho horas y un pago no
equiparable al salario mínimo.
El Gobierno nacional implementó una medida que modifica el régimen
laboral de los internos en cárceles federales, enfocándose en aquellos
que no participan en actividades vinculadas a la reinserción social.
La Resolución 429/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el
Ministerio de Seguridad, autoriza que hasta el 5% de la población
carcelaria pueda ser destinada a labores generales dentro de los
establecimientos penitenciarios, siempre que no estén involucrados en
programas productivos o educativos.
La disposición llega en un contexto de ajustes en las políticas
penitenciarias, semanas después de que la ministra Patricia Bullrich
prohibiera los centros de estudiantes en prisiones, argumentando que
desviaban el tiempo de trabajo de los reclusos.
Ahora, la nueva normativa busca optimizar el uso de la mano de obra
intramuros, aunque mantiene intacta la obligación de los internos de
colaborar en tareas de limpieza y mantenimiento de sus espacios.
Según el texto oficial, quienes sean asignados a estas labores deberán
cumplir una jornada mínima de ocho horas diarias y recibirán un peculio
-remuneración no considerada dentro del salario mínimo, vital y móvil-.
La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal será la
encargada de diseñar los planes de trabajo, supervisar su ejecución y
rendir cuentas mensuales sobre los fondos destinados a estos pagos.
La medida ha generado debates en torno a su impacto en la
rehabilitación de los presos, ya que, si bien fomenta la ocupación,
excluye a quienes ya participan en talleres o educación.
Las autoridades defienden la resolución como un mecanismo para
mantener el orden y la productividad en las cárceles, aunque
organizaciones de derechos humanos podrían cuestionar el enfoque.
