Once provincias, incluida Tierra del Fuego, no cumplieron con las 760 horas de clase mínimas en 2024, afectando al 42% de la matrícula primaria nacional, según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación.
Un reciente informe del Observatorio de Argentinos por la Educación reveló que once provincias argentinas, entre ellas Tierra del Fuego, no lograron cumplir con el mínimo de horas de clase establecido para el nivel primario en 2024.
Según el documento, estas jurisdicciones planificaron menos de 760 horas anuales para los estudiantes de jornada simple, cifra que representa el 42% de la matrícula de primaria a nivel nacional. Las provincias afectadas son Formosa, Chaco, Jujuy, La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Juan, San Luis, Chubut, Tucumán y Buenos Aires.
El informe, titulado “Calendarios escolares 2025” y elaborado por Gustavo Zorzoli, educador y ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, junto con María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén, del Observatorio de Argentinos por la Educación, analiza los días de clase programados oficialmente por los ministerios provinciales.
Sin embargo, el documento aclara que estos datos no reflejan el cumplimiento efectivo de las horas, ya que factores como paros docentes, problemas de infraestructura, ausentismo o condiciones climáticas pueden alterar el desarrollo del ciclo lectivo.
De acuerdo con la normativa del Consejo Federal de Educación (CFE), establecida en la Resolución N° 484/24, un día “efectivo” de clase en el nivel primario debe contar con un mínimo de cuatro horas reloj de actividad pedagógica. Para 2025, el CFE fijó un piso de 760 horas anuales, equivalentes a 190 días de clase en jornada simple.
No obstante, el informe señala que solo ocho provincias cumplen con este requisito: La Pampa (191 días), Córdoba (190), Entre Ríos (190), Río Negro (190), Salta (190), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (190), Corrientes (190) y Misiones (190).
En el caso de las once provincias que no alcanzaron el mínimo, las cifras son preocupantes. Tierra del Fuego, por ejemplo, programó 728 horas anuales, mientras que La Rioja y Jujuy se ubicaron en el extremo inferior con 708 horas cada una. Incluso si se considera el mínimo de 180 días de clase establecido por la Ley 25.864 de 2003, tres provincias no lograron cumplir con este requisito: La Rioja (177 días), Jujuy (177) y Chaco (179).
Gustavo Zorzoli, coautor del informe, expresó su preocupación por estos resultados: “Lo que más sorprende es que haya tres jurisdicciones que no cumplan con la ley –un calendario de 180 días de clase– y que no corrijan este desatino. En el mismo sentido, es inverosímil que, en 16 de las 24 jurisdicciones, es decir, casi en el 67%, no se respete el acuerdo por el cual los miembros del Consejo Federal de Educación resolvieron unánimemente prever 190 días de clase. Si los ministros de las provincias no pueden o no quieren hacer efectiva esta norma, ¿qué podemos esperar del resto del sistema educativo?”.
El informe también destaca la falta de un sistema de información nominal que permita monitorear la cantidad de días y horas de clase efectivos que reciben los estudiantes. Además, señala la ausencia de datos públicos sobre presentismo de alumnos y docentes, paros o cierres de escuelas por problemas climáticos o edilicios. “Es urgente que las provincias avancen en la implementación de estos sistemas para lograr una contabilidad real de los días y horas de clase”, advierte el documento.
El informe también revela que, a pocos días del inicio del ciclo lectivo 2025, una provincia, Catamarca, aún no ha publicado la resolución con su calendario escolar. Esta situación refleja la falta de uniformidad y planificación en el sistema educativo argentino, lo que podría tener repercusiones significativas en el aprendizaje de los estudiantes y en la calidad de la educación en general.
El informe del Observatorio de Argentinos por la Educación pone en evidencia una problemática recurrente en el sistema educativo argentino: la falta de cumplimiento de los mínimos establecidos de días y horas de clase. Mientras las autoridades provinciales y nacionales no logren garantizar estos requisitos básicos, el derecho a la educación de miles de estudiantes seguirá viéndose comprometido.
