Con el objetivo de simplificar y bajar la presión tributaria, el Gobierno prepara una reforma integral al respecto. Los gobernadores tendrán que definir si siguen su ejemplo o asfixian a sus provincias con mayor carga impositiva.
En su objetivo de simplificar el sistema impositivo y reducir la presión tributaria, el Gobierno de Javier Milei está preparando una reforma integral que apunta a transformar aspectos clave de la economía y la administración pública de Argentina.
La reforma tributaria, que será uno de los puntos centrales de la agenda del Ejecutivo para 2025, representa el primer paso de un ambicioso plan de reformas que abarca no solo lo fiscal, sino también áreas como la previsión social, el trabajo y la justicia penal.
Con el fin de avanzar en la simplificación del sistema tributario, el Gobierno nacional proyecta reducir el número de impuestos que se aplican en el país.
Actualmente, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), existen 155 tipos de tributos en todo el país, pero se estima que seis de ellos representan el 83% de la recaudación total: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, el Impuesto a las Ganancias, los Impuestos sobre los Ingresos Personales, Débitos y Créditos bancarios y los Derechos de Exportación. De esta manera, el Gobierno de Milei aspira a reducir esta cantidad a solo cinco o seis tributos, lo que permitirá no solo simplificar el sistema, sino también mejorar su eficiencia.
La reforma tiene como objetivo inicial la simplificación, sin una rebaja significativa de la carga tributaria. Esto se debe a que el Gobierno mantiene como pilar fundamental de su gestión la política de déficit cero.
El Gobierno de Milei no está dispuesto a ceder ante los reclamos de algunos mandatarios provinciales que piden aumentos de partidas, ya que la prioridad es mantener el equilibrio en las cuentas del Tesoro.
En cuanto a la administración pública, la reducción de personal también continuará siendo un eje central, con la no renovación de contratos y el pase a retiro de empleados en edad jubilatoria. Además, se eliminarán áreas cuyas funciones ya no sean necesarias.
En este marco, un importante colaborador de la Casa Rosada afirmó que “el propósito es eliminar todo gasto superfluo que genera el Estado”.
No obstante, la reforma no se limitará al ámbito tributario. El Gobierno de La Libertad Avanza también planea una serie de modificaciones radicales en otras áreas clave de la estructura del Estado. Entre ellas se destacan las reformas previsionales, laborales y penales.
En el ámbito previsional, el Ejecutivo busca eliminar los regímenes especiales que permiten a ciertos grupos de trabajadores jubilarse con requisitos más laxos que los establecidos para el régimen general. Se estima que, de eliminarse estos regímenes de privilegio, la jubilación mínima podría triplicarse, pasando de los $259.600 actuales a $778.800. Según datos de la ANSES, estos regímenes especiales representan solo el 3,4% del total de los beneficios contributivos, pero consumen el 10,9% de los recursos destinados a la seguridad social, debido a que sus haberes son considerablemente más altos que los del régimen general.
El Gobierno proyecta continuar con el sistema de reparto en las jubilaciones, pero al mismo tiempo incentivar el desarrollo de seguros privados de retiro. Para lograr la sustentabilidad del sistema previsional a largo plazo, se estima que la proporción de trabajadores en blanco debería aumentar significativamente, ya que en la actualidad la relación es de solo 1,5 trabajadores por cada jubilado, muy por debajo de los 3 trabajadores por pasivo necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema.
En cuanto al ámbito laboral, el Gobierno tiene la intención de implementar reformas orientadas a incentivar la formalización del empleo, dado que el trabajo informal representa alrededor del 30% de la fuerza laboral del país. La reforma laboral será presentada de manera conjunta con la previsional, y se considera fundamental para aumentar la cantidad de trabajadores en blanco, lo que permitiría mejorar la sustentabilidad del sistema previsional.
Aunque las reformas en el campo gremial quedaron relegadas por el momento, el oficialismo estima que, tras lo que esperan sea un triunfo en las elecciones de medio término, podrán avanzar con mayor fuerza en este campo. Algunas de las iniciativas que se han postergado son la democratización de los gremios y la posibilidad de que las contribuciones a los sindicatos sean optativas.
