La legisladora Gracianía denunció graves deficiencias en las unidades penitenciarias de Ushuaia y Río Grande. Ante la superpoblación, 21 detenidos serán trasladados, lo que evidencia el colapso del sistema carcelario fueguino.
La legisladora provincial del bloque La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, expuso una situación crítica que afecta a las unidades penitenciarias de Ushuaia y Río Grande, donde el hacinamiento y las deficiencias en infraestructura ponen en jaque la capacidad del sistema carcelario para operar con normalidad.
Durante una recorrida por ambas ciudades, Gracianía describió en detalle las condiciones de los detenidos, haciendo especial hincapié en la urgencia de encontrar soluciones a corto y largo plazo.
En su análisis, la legisladora no sólo se basó en información proporcionada por terceros, sino en su propia experiencia al visitar las instalaciones. «Además de comentarme la situación real, yo pude recorrer ambos lugares, tanto en Río Grande como en Ushuaia. En Ushuaia también recorrí los anexos, donde la situación es un poquito menos compleja, pero siguen faltando ventilación y condiciones de habitabilidad. En la Alcaidía 1, en particular, pude ver con mis propios ojos la situación del pabellón más poblado, donde actualmente hay 25 personas durmiendo en el piso», señaló Gracianía, dejando en claro que las condiciones en las que se encuentran los detenidos son insostenibles.
El hacinamiento en el penal de Ushuaia ha generado situaciones complejas, no solo en términos de confort y seguridad de los internos, sino también para el personal del Servicio Penitenciario, que debe lidiar con una sobrepoblación que excede las capacidades del sistema. “Esta superpoblación genera dificultades para el control del personal del Servicio Penitenciario y podría ser un problema mayor en caso de un motín o cualquier procedimiento de emergencia”, advirtió. Si bien destacó que, pese a las condiciones adversas, los detenidos mantienen una buena convivencia, advirtió que el riesgo persiste y puede derivar en incidentes más graves si no se toman medidas prontas.
Uno de los paliativos inmediatos que mencionó es el traslado de 21 detenidos de la Alcaidía de Ushuaia hacia Río Grande. Esta medida, según dijo, podría descomprimir parcialmente la situación, siempre y cuando los internos trasladados no tengan familiares en Ushuaia, lo que complicaría la logística y el cumplimiento de sus derechos. «Estamos buscando soluciones creativas para distribuir a la población carcelaria de manera digna, respetando los derechos humanos y las obligaciones del estado provincial», afirmó la legisladora.
No obstante, dejó en claro que esta solución es solo temporal, y que el problema de fondo sigue sin resolverse. Según explicó, los procesos judiciales, especialmente en casos vinculados a delitos contra la integridad sexual, generan un constante flujo de condenas y detenciones inmediatas, lo que agrava la sobrepoblación en las unidades penitenciarias, ya de por sí colapsadas. «Los edificios actuales están al doble de su capacidad y necesitamos soluciones estructurales», subrayó.
La legisladora criticó la falta de planificación y acción por parte del Ejecutivo provincial. Según expresó, el gobierno ha tenido la oportunidad de abordar esta problemática en más de una ocasión, pero no se han tomado decisiones concretas para solucionar el hacinamiento carcelario. “Esta situación no es nueva. Hace tiempo que se discute en la Legislatura, pero nunca se tomaron decisiones políticas concretas. Incluso hubo fondos para construir una cárcel en Ushuaia, pero no se hizo. El gobierno actual, que lleva cinco años en el poder, no ha dado respuestas estructurales a problemas que ya se veían venir”, afirmó, remarcando la falta de compromiso del Ejecutivo en la ejecución de políticas públicas a largo plazo.
Entre las posibles soluciones que se barajan, Gracianía sugirió la posibilidad de una iniciativa público-privada para la construcción de una nueva unidad penitenciaria. Este proyecto podría, en su opinión, abordar la necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad, a la vez que permitiría al Estado tercerizar algunos servicios, como la alimentación o la limpieza. “Obviamente, la seguridad debe quedar en manos del Estado, pero se podrían tercerizar algunos servicios como la comida o la limpieza. Lo que no podemos seguir haciendo es brindar soluciones temporales mientras el problema de fondo sigue sin resolverse”, señaló la legisladora, poniendo de relieve la importancia de una planificación integral que contemple tanto las necesidades actuales como las futuras.
En cuanto a la responsabilidad del poder legislativo en esta problemática, defendió el trabajo realizado, en particular destacando la labor del legislador Pablo Villegas, quien ha presentado propuestas orientadas a soluciones de fondo. Según la legisladora, el verdadero desafío radica en la falta de acción por parte del Ejecutivo. “La problemática no está en el legislativo, sino en el Ejecutivo, que es el que debe ejecutar las políticas públicas”, concluyó Natalia Gracianía.
La situación en las cárceles de Ushuaia y Río Grande exige una respuesta urgente y estructural. Las soluciones temporales, como el traslado de detenidos o la habilitación de nuevos espacios, son solo parches ante un problema que requiere de una planificación profunda y decisiones políticas de fondo. La capacidad actual de las unidades penitenciarias está claramente sobrepasada.
