El legislador Pino aseguró la aprobación de un proyecto que prevé la inmediata apertura de la ruta complementaria 7 de la Margen Sur de Río Grande, instancia judicializada por el dueño de la estancia por donde transcurre, pese a haber sido declarada de utilidad pública.
La Legislatura de Tierra del Fuego tiene previsto aprobar en la sesión de este jueves un proyecto clave para la apertura de la ruta complementaria 7, una vía que podría ofrecer una solución a los recurrentes problemas de congestión que enfrentan los habitantes de la Margen Sur de Río Grande.
El legislador Juan Carlos Pino, del Partido Justicialista, adelantó por FM Master’s que esta medida cuenta con los consensos necesarios para ser sancionada, y subrayó la importancia de concretar la habilitación de esta ruta, actualmente en medio de una disputa judicial con el propietario de la estancia por la cual transcurre.
Pino destacó que la ruta complementaria 7 ha sido declarada de «utilidad pública», lo que implica su expropiación, pero los problemas legales surgieron cuando el dueño de las tierras afectadas llevó el caso a la Justicia.
«La ruta complementaria número 7 de Río Grande, entendemos que se tiene que hacer la apertura, la finalización y habilitación al tránsito urgente, dadas las circunstancias que viven los vecinos de la ciudad de Río Grande de la Margen Sur», afirmó el legislador. Actualmente, la única vía de conexión disponible para estos habitantes es el puente Mosconi, lo que genera demoras significativas en el tránsito.
Pino detalló que los vecinos de la Margen Sur pueden enfrentar tiempos de espera de entre 40 minutos y hasta tres horas en horarios pico, lo que agrava la necesidad de una vía alternativa de acceso. Según explicó, el proyecto de ley que será tratado «está más que nada declarado como de interés estratégico la ruta 7, para subsanar y ver de qué forma se continúa». De este modo, la apertura de la ruta se presenta como una herramienta clave para el gobierno ante los distintos conflictos que han rodeado su desarrollo.
Uno de los principales obstáculos que ha enfrentado la apertura de la ruta 7 es la situación jurídica del terreno. «La ley 1185, que es la que declara de utilidad pública toda esa zona donde está la ruta, está en un conflicto judicial», explicó Pino. En el marco de este conflicto, el gobierno provincial negoció un nuevo convenio con el propietario de la estancia, quien solicitó que se derogue la mencionada ley. Según el acuerdo preliminar, el propietario aceptaría que la ruta funcione bajo una «servidumbre de paso», lo cual implicaría un costo adicional para el Estado. «Va a costar al Estado 4.000 litros de gasoil. Hoy el valor del gasoil está a $1200 a $1300 el litro, lo cual significa que se va a estar pagando mensualmente un promedio de casi $5 millones», precisó Pino, quien también anticipó que este tema será objeto de debate en el futuro.
El legislador justicialista enfatizó la necesidad de que la ruta sea considerada de utilidad pública y pase a ser propiedad del Estado, evitando así una carga financiera de carácter indefinido. «Nosotros queremos que sea de utilidad pública, que sea propiedad del Estado y no de un privado, como como hoy están en esa discusión. Tampoco el Estado podría pagar de por vida $5 millones mensuales, lo cual es mucha plata para el Estado y sería como un peaje para pasar por ahí», manifestó.
El objetivo principal del proyecto legislativo es lograr la habilitación inmediata de la ruta complementaria 7, lo cual, según Pino, podría concretarse entre febrero y abril del año próximo. «Hecha la ley, entendemos que podría estar habilitada para febrero, marzo o abril del año que viene. Es lo que entendemos nosotros», afirmó el legislador.
Pino también puso en contexto el crecimiento demográfico de la Margen Sur en los últimos años, resaltando que la falta de una infraestructura vial adecuada ha exacerbado los problemas de transporte en la zona. «Si uno toma como referencia el año 2005, cuando se movieron las primeras casillas, hoy estamos hablando de más de 30.000 familias que viven en ese lugar. Lo que produce hoy el sector del puente Mosconi es un embotellamiento que realmente genera distintos problemas, como en el transporte público y las emergencias».
Finalmente, el legislador enfatizó los beneficios que traerá la apertura de la ruta, no solo en términos de alivio para el tráfico, sino también en la reducción del tiempo de traslado para los vecinos. «Con la ruta habilitada, teniendo en cuenta que ese tramo es muy mínimo, en un promedio de 15 minutos estarían en la ciudad, pegando la vuelta por donde está el control policial», sostuvo.
Con un consenso favorable entre los legisladores, Juan Carlos Pino confía en que la medida será aprobada en la sesión y que se dará un paso fundamental hacia la solución de un problema que afecta a decenas de miles de habitantes de Río Grande.
